La motosierra a las pensiones por incapacidad laboral, las esperas que deben pasar las personas con discapacidad por atención y la caída en planes de salud y para prestadores del sector fueron el combustible de una encendida protesta este jueves frente a la Legislatura de Mendoza. Fue en el marco de un paro y movilización en todo el país para acompañar el tratamiento en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente aprobada en Diputados y que debe ser ley YA", dice un comunicado enviado con detalles de una convocatoria.
El proyecto declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año, "con el objetivo de garantizar derechos esenciales de las Personas con Discapacidad y la sostenibilidad del sistema de apoyos y prestaciones en salud, educación, protección social, pensiones no contributivas, empleo y accesibilidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional".
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Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Desguace de la Andis
“En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.
En la Andis sede Mendoza el impacto fue profundo: había 12 empleados destinados a la atención y gestión de expedientes y consultas. El gobierno nacional despidió a 9. Poco después, uno de los trabajadores falleció y quedaron sólo dos personas para la atención.
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Milei anunció el recorte de las pensiones por discapacidad laboral y una auditoría nacional para tal fin que no incluye el entrecruzamiento de datos entre organismos estatales, sino que los afectados deben volver a iniciar los trámites médicos para probar su condición. Esto afecta a unas 30.000 personas en Mendoza.
Recortes en el transporte y el sistema de salud
Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste”: “Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”, añadieron.
Para finalizar, el Foro Permanente por la Discapacidad aseguró que el sistema de atención a las personas con discapacidad “atraviesa una situación de colapso total y absoluto” y que el “incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos” afecta a más de 250.000 personas que reciben atención y más de 150.000 personas que trabajan en estos servicios.
“No podemos permitir este maltrato. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), organización miembro del Foro Permanente.
