De 12 trabajadores, la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad en Mendoza quedó con sólo 2 personas para atender la demanda de miles de personas.
La oficina de la ANDIS en Mendoza desborda cada madrugada. Sólo hay dos personas para atender una demanda intensa.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaLa motosierra, además de ser un efectivo eslogan que llevó a Javier Milei a la presidencia, tiene un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo claro son los jubilados a los cuales el libertario les cargó gran parte del ajuste. Otro es la atención a las personas con discapacidad. En Mendoza hay miles de afectados en ambos sectores.
En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había 12 empleados destinados a la atención y gestión de expedientes y consultas. El gobierno nacional despidió a 9. Poco después, uno de los trabajadores falleció y quedaron sólo dos personas para la atención.
Milei anunció el recorte de las pensiones por discapacidad laboral y una auditoría nacional para tal fin que no incluye el entrecruzamiento de datos entre organismos estatales, sino que los afectados deben volver a iniciar los trámites médicos para probar su condición. Esto afecta a unas 30.000 personas en Mendoza.
En Mendoza hay unas 30 mil personas que serán auditadas. Según fuentes de la Nación, se estima que para finales de este año se habrán recortado alrededor de 400 mil pensiones en todo el país, el doble de lo proyectado inicialmente y un tercio del total de beneficiarios actuales. Este recorte busca alcanzar un ahorro de 900 mil millones de pesos para las arcas del Estado.
En Mendoza sólo quedaron dos empleados para encauzar y resolver esos trámites. La consecuencia es no sólo la demanda intensa sobre estas dos personas, sino el colapso de las oficinas desde la madrugada.
"Estas son las consecuencias de la motosierra y el recorte en el Estado. Esto empezó cuando llegó Javier Milei. La motosierra ha sido fatal. Esto ha pasado en todos los ministerios y reparticiones del Estado", resumió a ElEditor Mendoza Mario Vargas, trabajador del Ministerio de Capital Humano y delegado de ATE.
"Se nos estigmatizó, se nos dijo que éramos ñoquis y que merecíamos ser despedidos. Las auditorías que están haciendo se van a hacer a 30 mil personas. Toda esa gente que echaron es la gente que hoy debería estar atendiendo esto", completó.
"No hay mala voluntad de los trabajadores, sino una política que se baja. Esto es un maltrato institucional a las personas con discapacidad. No podés tener 300 personas para que las atienda una sola persona", cerró Vargas.