Cuando se habla de discapacidad e inclusión en las escuelas, son varios los interrogantes que se abren sobre sí las instituciones realmente están preparadas -ediliciamente hablando- para recibir chicos que presenten alguna discapacidad.
Santiago tiene 13 años, está en silla de ruedas y en la escuela que asiste en San Rafael, no tienen personal para asistirlo. La historia.
Cuando se habla de discapacidad e inclusión en las escuelas, son varios los interrogantes que se abren sobre sí las instituciones realmente están preparadas -ediliciamente hablando- para recibir chicos que presenten alguna discapacidad.
La historia de Santi, un chico de San Rafael que tiene 13 años y que en breve cumple 14, puede ser un ejemplo de ello. El alumno está en silla de ruedas y su alegría por estar en la secundaria se ve apocada por no contar con nadie que lo pueda asistir.
El niño fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil, se mueve con su silla de ruedas y desde este año asiste a la escuela 4-129 Ana Enriqueta de Calzada de San Rafael, una institución educativa pública ubicada cerca del hospital regional Teodoro J. Schestakow.
Su integración es óptima junto a docentes, directivos y compañeros pero sus padres han iniciado un reclamo hacia la Dirección General de Escuelas, solicitando un “celador sanitario” que pueda asistirlo para cambiarle el pañal que utiliza a diario.
El reclamo, elevado por la directora hacia la supervisión zona sur de la cartera educativa, no tiene respuesta aún y eso obliga a que su padre deba ir todas las mañanas a cambiarlo. “Nosotros hicimos el reclamo correspondiente porque vivimos en el distrito de Cañada Seca, que está a unos 14 kilómetros de la escuela. Cuando él iba a la primaria tenía una autorización para que puedan asistirlo pero ahora en la secundaria, eso no pasa”, relató Santiago Díaz, padre del menor, a ElEditor Mendoza.
Este contratiempo genera cierta angustia en sus progenitores y también en la comunidad educativa de la escuela Calzada, por eso aguardan una solución que todavía no llega.
Desde este medio nos comunicamos con la Dirección General de Escuelas de la provincia y si bien reconocen el problema, afirman estar trabajando en darle curso al pedido de la familia de Santi.
De acuerdo a lo informado, la Delegación Regional Sur de la DGE se encuentra trabajando junto a la institución educativa, y la Cruz Roja, a fin de poder buscar “una persona adecuada para que puedan atender de forma apropiada al estudiante. De momento la escuela carece de personal para esta tarea”.
Ante la exposición del caso de este alumno sanrafaelino, en Mendoza existe una resolución del año 2008, la cual habla del estatuto del celador y en la que se establecen los distintos tipos de celadores, incluyendo la figura de “celador auxiliar de enfermería de escuelas de educación especial”.
A este estatuto también se le puede sumar la Ley de Educación 26.206, donde en su capítulo 8 posee un articula que explica: “Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que le permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”.
La historia -y el inconveniente- de Santi representan un desafío institucional en la provincia sobre las garantías de inclusión de personas con discapacidad, que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en sus etapas de escolarización.