-La misma jueza que remató La Terre le bajó el martillo a Gráficos Asociados
--Breve historia de un bastión de lucha cooperativa que se cierra
Gráficos Asociados funcionó de forma autogestiva por 22 años, pero no zafó del remate judicial.
El 2 de diciembre de 2025 quedará marcado como un día de retroceso para la historia de la autogestión en Mendoza. A 22 años de la quiebra de la antigua Litografía Enrique Sanz I.C.A.S.A. y tras dos décadas de gestión ininterrumpida por parte de sus trabajadores, la Cooperativa de Trabajo Gráficos Asociados —la primera empresa recuperada de la Provincia— vio cómo la jueza Gloria Cortés, a cargo del Segundo Juzgado Concursal, ordenaba y concretaba el remate del inmueble donde funciona la planta.
La subasta se realizó pese a que todas las deudas estaban saldadas y existía un sobrante económico superior a los 15 millones de pesos. Con un único oferente que presentó una propuesta de 100 millones, el proceso judicial avanzó en apenas 48 horas, reforzando las sospechas de los trabajadores sobre la existencia de prácticas que favorecen a grupos con intereses particulares, como la llamada “Liga del Remate”.
La historia de Gráficos Asociados está íntimamente ligada a la crisis de 2001. En febrero de 2003, la incautación de bienes dejó a 25 obreros sin trabajo. Con alta capacitación y experiencia gráfica, decidieron hacerse cargo de la planta. Apostaron sus subsidios por desempleo como capital inicial y lograron sostener la producción durante todo ese año.
En mayo de 2004 constituyeron formalmente la cooperativa y, en 2005, la Legislatura provincial aprobó la Ley 7348 que los convirtió en la primera empresa recuperada de Mendoza. Desde entonces, la fábrica se transformó en símbolo de resistencia cooperativista y en referencia para la economía social.
Hoy, diez asociados sostienen la planta con producción gráfica para pymes, cooperativas y organizaciones sociales. Han impulsado capacitaciones, articulado con la Universidad Nacional de Cuyo y participado en la construcción de políticas públicas. Su recorrido incluye la creación de la Mesa de Empresas Recuperadas y la incidencia en la sanción de la Ley 8435, que dio origen al Registro Provincial de Unidades de la Economía Social y Solidaria.
El conflicto actual se centra en el inmueble de calle Santiago del Estero, frente a Plaza Cobo. Tras el remate de 2023, la cooperativa canceló todos los créditos verificados y quedó un excedente de 15 millones de pesos sin destino asignado. Pese a ello, la jueza Cortés —la misma que ordenó el remate de otra recuperada, La Terre— rechazó la solicitud de adjudicación del inmueble y dispuso una nueva subasta.
“Desde el punto de vista jurídico, la cooperativa es tenedora de la hipoteca del inmueble y propietaria de toda la maquinaria, adquirida con el esfuerzo colectivo de sus asociados”, señalaron los trabajadores.
Cintia Mora, integrante de la cooperativa, expresó: “La planta ha sido sostenible durante dos décadas casi sin apoyo estatal, produciendo etiquetas, cajas y trabajos para pymes, organizaciones sociales y grandes empresas. Siempre hemos estado al servicio de la economía social”.
Sobre la aceleración del proceso, advirtió: “Existen mecanismos formales para que la cooperativa acceda a la propiedad definitiva. Lo que está faltando es decisión de quienes toman estas resoluciones. Es indignante porque no hay acreedores reclamando nada. Todo está saldado hace tiempo. El edificio está en pie gracias al mantenimiento que hemos hecho estos 22 años”.
La amplitud de la producción abarca desde etiquetas y cajas para bodegas, empaques de fruta, chocolaterías, fábricas de salsa de tomates, talonarios, libros de actas para el gobierno provincial, calcomanías, folletos y cuadernillos. Incluso durante años imprimieron las boletas para las elecciones.
Frente al remate se encuentra vigente la apelación de un Recurso Extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que deberá revisar la legalidad y razonabilidad de lo actuado.
Durante la jornada del remate, los trabajadores fueron recibidos en la Legislatura Provincial, donde senadores y senadoras de distintos bloques manifestaron su preocupación y aprobaron una declaración para preservar y garantizar la fuente de trabajo de Gráficos Asociados.
A la nota ya presentada en la Cámara de Diputados a la Comisión de Derechos y Garantías, se sumó una nueva presentación en la Comisión homónima del Senado. El próximo jueves 4 de diciembre, los legisladores y la cooperativa volverán a reunirse para avanzar en acciones concretas que acompañen el pedido de dejar sin efecto el remate judicial.
La cooperativa denunció que detrás del remate se visualiza la presencia de “La Liga”, un grupo de compradores recurrentes en subastas judiciales que adquiere bienes a precios bajos para especular. La base fijada para esta subasta fue de 100 millones de pesos, una cifra inalcanzable para los trabajadores.
Más allá de lo jurídico, el conflicto expone una contradicción evidente: una cooperativa que canceló todas sus deudas y que sostiene producción y empleo desde hace 22 años enfrenta la amenaza de perder su espacio de trabajo.
“Seguimos firmes en la defensa de nuestro derecho a mantener el espacio de trabajo y la producción que construimos colectivamente durante más de dos décadas”, reafirmaron en un comunicado.
La crónica de Gráficos Asociados sintetiza la tensión entre la letra fría de los expedientes y la vida concreta de quienes sostienen la producción. La decisión judicial que remató finalmente la primera empresa recuperada de Mendoza abre un interrogante sobre el futuro de la autogestión obrera y la economía social en la provincia.