Los costos laborales e impuestos están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha llevado a una disminución de 36.84% en los sueldos
El estudio de CADAM revela que, de un total de $1.241.189 que mensualmente desembolsa un empleador por cada empleado, tan solo $457.312 llegan finalmente al trabajador.
Un reciente informe elaborado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ha puesto de manifiesto una preocupante realidad que afecta directamente el bolsillo de los empleados de comercios en todo el país, incluyendo la provincia de Mendoza.
Los costos laborales y la carga impositiva reducen drásticamente el salario que efectivamente perciben los trabajadores, dejando en sus manos menos de la mitad del monto total aportado por sus empleadores.
El estudio de CADAM revela que, de un total de $1.241.189 que mensualmente desembolsa un empleador por cada empleado, tan solo $457.312 llegan finalmente al trabajador, lo que representa una merma significativa ocasionada por las cargas laborales y tributarias que gravan la remuneración. Esta situación, según la cámara, impacta directamente en el poder adquisitivo y genera un escenario de creciente dificultad para las familias mendocinas.
La entidad, que agrupa a importantes distribuidores y mayoristas a nivel nacional, estima que, al sumar los costos laborales y los impuestos, el poder real del salario aportado al trabajador se reduce a un alarmante 36.84%. Ante este panorama, CADAM ha levantado la voz exigiendo una "urgente reforma laboral" que elimine o al menos mitigue estas cargas, argumentando que son un factor clave en la pérdida de competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el aumento de la informalidad laboral y, en última instancia, el incremento de la pobreza.
El informe de CADAM detalla minuciosamente las diversas cargas laborales que contribuyen a esta erosión del salario. Entre ellas, se mencionan los aportes obligatorios a instituciones como el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso si el empleado no recibe capacitación alguna. También se critica la Contribución Adicional Solidaria a la obra social OSECAC, una imposición que surgió durante la pandemia por COVID-19 y que, a pesar de haber superado la emergencia sanitaria, continúa siendo cobrada.
El informe precisa que la cuota solidaria a OSECAC asciende actualmente a $5.500 por cada trabajador, independientemente de si éste utiliza o no los servicios de dicha obra social. Este aporte, según CADAM, se actualiza automáticamente con cada nueva paritaria, lo que genera un impacto constante en el salario disponible.
Aunque el gobierno nacional dispuso recientemente, a través del Decreto 149/2025, que los comerciantes dejarán de realizar la contribución obligatoria mensual al INACAP, este alivio no compensa el peso de otras cargas.
Otro ejemplo destacado es el seguro obligatorio "La Estrella", definido por CADAM como "un exclusivo fondo de retiro que administra una empresa que definió el sindicato". Según la cámara, este seguro se impone por acuerdo paritario, sin que exista libre elección por parte del empleado, e implica el pago de un 2.5% del salario.
CADAM señala que este seguro, establecido en la década de los '90, funciona como un sistema complementario al régimen de previsión social para los empleados de comercio. El empleador debe realizar un aporte mensual equivalente al 2.5% de la remuneración del trabajador, del cual el 50% se destina a una cuenta individual a nombre del empleado y el otro 50% se utiliza para financiar el sistema.
Al momento de la desvinculación laboral, el trabajador puede solicitar el 50% de los aportes personales acumulados en su cuenta individual, pero se encuentra con una sorpresa: la tasa de ajuste del rendimiento de ese dinero se actualiza muy por debajo de la inflación, lo que provoca que el capital acumulado pierda valor con el tiempo. A modo de ejemplo, CADAM señala que en septiembre de 2024 el ajuste reconocido por el Seguro La Estrella fue del 1.85%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 3.5% durante ese mismo período.
El informe también critica el aporte obligatorio al sindicato, que se descuenta al empleado independientemente de si está afiliado o no. Según CADAM, de los $1.241.189 que representan el sueldo bruto más todos los aportes patronales, cargas sociales, seguros y otras obligaciones que la empresa debe pagar por un empleado, el trabajador recibe efectivamente $858.322, lo que equivale al 69.2% del costo total.
La carga no termina allí. Una vez que el trabajador intenta gastar ese dinero para adquirir bienes o servicios, se enfrenta a una serie de impuestos nacionales, provinciales y municipales que reducen aún más su poder adquisitivo.
Entre los impuestos mencionados por CADAM se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (que, según la cámara, representa alrededor del 13% a lo largo de la cadena de ventas, desde la industria hasta el consumidor), la Tasa de Seguridad e Higiene y el Impuesto a los débitos y créditos bancarios (1,2% por cada movimiento).
Al considerar todos estos factores, CADAM concluye que el valor real del esfuerzo laboral de un empleado de comercio se reduce a tan solo $457.312, lo que representa el 36.84% del salario aportado por el empleador.
Desde CADAM, se sostiene que todos estos aportes explican, en gran medida, la pérdida de competitividad de las PyMEs, el aumento de la informalidad laboral y la pobreza. Por ello, la cámara apoya el proyecto de ley presentado por la diputada Marcela Pagano, que se tratará próximamente en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evitar que los aportes obligatorios "escondidos" dentro de las paritarias, que "autobenefician" a los gremios, se sigan perpetuando.
La situación descrita por CADAM se enmarca en un contexto económico complejo, caracterizado por una alta inflación, una baja productividad y un elevado nivel de presión tributaria. Mendoza, al igual que el resto de las provincias argentinas, enfrenta desafíos importantes para impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad.
La alta carga laboral e impositiva, sumada a otros factores como la inestabilidad cambiaria y la falta de acceso al crédito, dificultan la inversión y la expansión de las empresas, limitando las oportunidades de desarrollo y progreso para los mendocinos.