El Gobierno provincial abrió los Sobres A de la licitación nacional e internacional que abarca 17 áreas en las cuencas Cuyana y Neuquina. Seis empresas presentaron la documentación requerida, en un proceso que busca atraer inversiones y revitalizar la producción de petróleo en la provincia en el marco del abandono de áreas maduras que realizó YPF con el Plan Andes.
El Gobierno ha intentado promocionar las consecuencias del Plan Andes como una "oportunidad" pese a que para Mendoza ha implicado la pérdida de regalías, despidos masivos y pasivos ambientales millonarios. En esa línea, la ministra Jimena Latorre destacó el carácter estratégico de la convocatoria: “Es un hito muy importante para Mendoza, porque está alineado con los objetivos de incrementar la producción y sumar actores a la producción de oil and gas de la provincia”. En un escenario complejo para la industria, el interés empresario fue interpretado como una señal positiva. “Habla del potencial de nuestras áreas y del camino correcto de las políticas energéticas que venimos sosteniendo para dar previsibilidad, reglas claras y condiciones reales de inversión”, agregó.
El procedimiento se desarrolló con trazabilidad y resguardo documental, bajo la supervisión de la Comisión de Adjudicación, integrada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Regalías, Jorge Domínguez; y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Los sobres B quedaron bajo custodia de la Escribanía General de Gobierno hasta la próxima instancia. Ahora comienza la etapa de evaluación de admisibilidad y calificación, donde se verificará la capacidad legal, financiera y técnica de las empresas. Solo quienes superen ese filtro podrán avanzar a la apertura del Sobre B.
El trasfondo: el Plan Andes
La licitación no puede entenderse sin el contexto del Plan Andes, la estrategia de desinversión que YPF viene aplicando desde hace algunos años. Bajo este esquema, la petrolera de bandera transfirió o devolvió a las provincias numerosos bloques convencionales, para concentrar sus recursos en Vaca Muerta, el yacimiento de shale con mayor proyección exportadora del país.
En Mendoza, el Plan Andes implicó la cesión de áreas maduras a nuevos operadores y la reversión de otras al Estado provincial para su relanzamiento en licitaciones. Entre las primeras se cuentan Puesto Pozo Cercado Occidental, Zampal y Atamisqui, además de El Manzano, Puesto Molina Norte y Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana, agrupadas en el Clúster Malargüe y transferidas a Venoil S.A. Otras áreas, como Atuel Exploración Norte y Sur, Boleadero, Calmuco, CN III Norte, Chachahuen Norte, Ranquil Norte, Los Parlamentos, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Puntilla del Huincan, fueron devueltas a la provincia y hoy forman parte del nuevo esquema licitatorio.
En resumen, todas las áreas incluidas en la actual convocatoria están ligadas al Plan Andes, porque representan el retiro de YPF de los bloques convencionales y exploratorios mendocinos para priorizar el shale.
Las consecuencias de la salida de YPF
El impacto de esta política en Mendoza ha sido profundo. Los pozos abandonados por YPF se concentran en tres bloques: Mendoza Norte, Llancanello y Mendoza Sur. La partida de la petrolera dejó un costo económico, social y ambiental que aún no se termina de mensurar.
En lo económico, la provincia dejó de percibir regalías equivalentes a medio Portezuelo del Viento. En lo social, la salida significó la caída de cientos de contratos de trabajo. Y en lo ambiental, Mendoza no recibió fondos para la remediación y cierre de los pozos. Los gremios cuestionan que la transferencia de áreas a operadoras privadas se realizó sin fiscalización adecuada, lo que derivó en despidos y en el abandono de pasivos ambientales. “El petróleo es un recurso estratégico de Mendoza. El Estado Provincial debía garantizar la continuidad laboral y la sostenibilidad ambiental. Ahora, el Gobierno parece tomar cartas en el asunto”, señaló Julián Matamala, secretario general del sindicato.
Un nuevo esquema, a la caza de inversiones
La actual licitación se inscribe en un modelo de continuidad. En 2024 ya se habían adjudicado cinco áreas, con compromisos de inversión para los años siguientes. La convocatoria de 2025 consolida un esquema moderno y trazable, con mayor eficiencia administrativa y reducción de instancias burocráticas. Para las autoridades, se trata de un cambio estructural en la política hidrocarburífera provincial, que busca generar un flujo sostenido de oportunidades bajo reglas claras y procedimientos ágiles.
El desafío ahora es doble: atraer inversiones que permitan recuperar actividad en áreas maduras y, al mismo tiempo, garantizar que la transición hacia nuevos operadores no repita los errores del pasado. Mendoza apuesta a que el Plan Andes, que en su origen significó la retirada de YPF, se convierta en una oportunidad para diversificar actores y revitalizar su producción petrolera. El tiempo dirá si la provincia logra transformar un problema en una nueva etapa de desarrollo energético.