"La Camarita” es un anexo de la causa Cuadernos, enfocado en la cartelización de la obra pública vial. Un empresario de Mendoza está entre los acusados.
José Cartellone, dueño de la mayor constructora de Mendoza, uno de los imputados de la Causa Cuadernos.
El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) avanza en el segundo tramo del juicio oral por la causa cuadernos, el expediente que sacudió la política y el mundo empresario al exponer un presunto sistema de recaudación ilegal vinculado a la obra pública. Tras semanas de lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El proceso entra ahora en la fase denominada “La Camarita”, que pone bajo la lupa la supuesta cartelización de la obra vial entre 2003 y 2015. En este capítulo, el foco se desplaza hacia los empresarios de las principales constructoras del país, entre ellos el mendocino José Cartellone. La mayor constructora de Mendoza acaba de obtener una concesión clave en esta provincia, en paralelo al avance del proceso judicial.
La investigación se originó en las anotaciones del ex chofer de Roberto Baratta, Óscar Centeno, quien relató en detalle viajes, entregas de bolsos y movimientos de dinero que, según su testimonio, formaban parte de un esquema de coimas. Sus cuadernos, resguardados durante años, se convirtieron en prueba central para la fiscalía, que acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita y destinataria final de los fondos. Junto a ella, figuran ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta, además de un nutrido grupo de empresarios que habrían efectuado pagos ilegales para asegurarse contratos estatales.
En esta nueva etapa, el TOF 7 se concentra en “La Camarita”, desprendimiento del expediente principal que investiga la cartelización de la obra pública vial. Allí se busca determinar si las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Viales acordaron entre sí la repartición de licitaciones y el pago de retornos a funcionarios. La fiscalía sostiene que existió un sistema de sobreprecios y porcentajes de entre el 3% y el 5% destinados a alimentar la recaudación ilegal.
Son 51 los empresarios acusados de cohecho activo en este tramo, entre ellos nombres de peso como Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio y el mencionado Cartellone. Las declaraciones de “arrepentidos” como Wagner, José López y Ernesto Clarens resultaron claves para la acusación, al describir un mecanismo sistemático de pagos que habría sostenido durante más de una década la relación entre contratistas y funcionarios.
El tribunal deberá resolver además cuestiones prácticas: si habilitará la feria judicial de verano para continuar las audiencias, y si aceptará la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, con capacidad para 200 personas, ofrecido por la Cámara de Casación. Las indagatorias previstas para el próximo año marcarán el primer momento de plena presencialidad del proceso, un reclamo sostenido por la fiscalía.
Mientras el juicio avanza en Comodoro Py, la empresa mendocina José Cartellone Construcciones Civiles protagoniza un capítulo paralelo que expone que en el avance de los negocios hay poca o nula interferencia de la justicia. La compañía se adjudicó recientemente la primera ruta privatizada por el gobierno de Javier Milei, la denominada “ruta del Mercosur”, en el marco del plan de concesiones viales. Se trata de un contrato de gran envergadura que devuelve a la mayor constructora de Mendoza al centro de la escena de la obra pública nacional.
La licitación, sin embargo, estuvo marcada por la controversia: de las seis empresas que participaron, cinco están involucradas en la causa cuadernos. El resultado dejó en evidencia la dificultad de excluir a compañías sospechadas de corrupción de los procesos públicos, dada la concentración del sector en un reducido grupo de gigantes con capacidad técnica y financiera para encarar obras de gran escala.
Además de Cartellone, se presentaron consorcios como la Red Federal de Concesiones Viales —integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni—, Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina y Rovella Carranza. Todas ellas forman parte del universo de la llamada “patria contratista”, cuya dependencia de los contratos estatales ha sido señalada como estructural.
La adjudicación a Cartellone se convierte en un caso testigo en pleno desarrollo del juicio. La empresa celebra un contrato millonario mientras sus ejecutivos enfrentan acusaciones de cohecho activo. El presidente y CEO, Alejandro Cartellone, nieto del fundador, lidera una compañía cuya cúpula está procesada en el expediente judicial. La hipótesis central de la fiscalía es que la firma participó en “entregas sistemáticas” de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios en sus múltiples contratos con el Estado.
El riesgo para la empresa es concreto: una eventual condena de sus directivos podría acarrear la pérdida de la concesión recién obtenida. Así, el caso Cartellone sintetiza la tensión entre la necesidad del Estado de contar con grandes constructoras para obras estratégicas y la obligación de garantizar transparencia en los procesos licitatorios.
El inicio del segundo tramo del juicio de los cuadernos y la adjudicación de la ruta del Mercosur a Cartellone se entrelazan en un escenario que expone las contradicciones del sistema. Por un lado, la justicia avanza en la investigación de un entramado de corrupción que involucra a las principales empresas del sector. Por otro, esas mismas compañías continúan siendo protagonistas de las licitaciones más relevantes del país.
El desenlace de ambos procesos —el judicial y el contractual— marcará un precedente sobre los límites éticos y legales de la participación de empresas investigadas en la obra pública.