Un juzgado laboral hizo lugar al amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dictó una medida cautelar que suspende, de forma provisoria, la aplicación del artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025. La norma había sido cuestionada por ampliar los servicios esenciales y limitar, de hecho, el ejercicio del derecho a huelga.
La jueza consideró inconstitucional la ampliación de servicios esenciales
La decisión fue tomada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3, quien entendió que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional podría afectar gravemente derechos colectivos como la libertad sindical y la protesta laboral, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Convenio 87 de la OIT.
En concreto, el artículo 3 del DNU incluía nuevas actividades dentro de los llamados “servicios esenciales”, entre ellos la actividad portuaria y la Marina Mercante, lo que obligaría a garantizar guardias mínimas aún en contextos de conflicto gremial.
Para ATE, esto representaba una “maniobra para desalentar medidas de fuerza”.
Un DNU innecesario
La magistrada consideró que el decreto fue dictado mientras el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias, lo cual no justifica el uso del instrumento de necesidad y urgencia, según lo previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Además, argumentó que la posible aplicación del DNU generaría un daño irreparable para los trabajadores, por lo cual decidió suspender su aplicación para ATE y sus representados hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
“Se encuentran reunidos los recaudos exigidos por la ley 26.854... corresponde suspender preventivamente los efectos del artículo 3 del DNU 340/2025”, señala la resolución.
El fallo se convierte en un precedente clave para los gremios
La medida judicial representa un freno parcial al intento del Gobierno de ampliar por decreto las restricciones al derecho a huelga y fortalece la estrategia judicial del gremialismo.
En su resolución, la jueza también destacó el rol del fuero laboral como garante de los derechos sociales y colectivos frente a normas que pueden vulnerarlos sin el debido debate parlamentario.
Desde ATE celebraron la resolución y anticiparon que continuarán impulsando acciones legales y sindicales para “defender el derecho a la protesta y la libertad de organización”.