El mendocino Luis Petri declaró un patrimonio varias veces millonario. Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo tienen casi toda su plata en el exterior.
Luis Petri, uno de los ministros favoritos de Javier Milei.
Los datos de declaraciones juradas de los miembros del Gabinete de Javier Milei presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA) revelaron cifras que no solo sorprenden por su magnitud, sino que también delinean el perfil económico de quienes ocupan los principales cargos del gobierno libertario. Entre ellos, aparece Luis Petri, ministro de Defensa, quien figura entre los funcionarios que declararon un importante nivel de patrimonio.
La publicación de las declaraciones juradas patrimoniales dejó al descubierto un gabinete con fortunas que, en muchos casos, superan ampliamente los estándares del ciudadano promedio.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, declaró $18.000 millones, con casi el 80% de sus bienes ubicados en el exterior. Luis Caputo, titular de Economía, informó $11.800 millones, con dos tercios de su patrimonio fuera del país. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también superan los $2.000 millones cada uno.
En este contexto, la presencia de Petri en el ranking refuerza la imagen de un equipo de gobierno compuesto por figuras con altos niveles de riqueza, muchos de ellos con bienes e inversiones en el extranjero. Aunque los montos declarados se ajustan a los parámetros legales —y se presentan a valor fiscal, no de mercado— la distancia entre la documentación oficial y la realidad económica de los funcionarios sigue siendo motivo de debate.
Luis Petri, abogado mendocino y exdiputado nacional, asumió el Ministerio de Defensa con una trayectoria política consolidada. Su patrimonio declarado lo ubica entre los más ricos del gabinete, aunque sin alcanzar las cifras estratosféricas de Werthein o Cúneo Libarona. A diferencia de otros funcionarios que concentran sus bienes en el exterior, Petri mantiene una parte significativa de su patrimonio en el país, lo que lo distingue dentro del gabinete.
Las declaraciones juradas patrimoniales son documentos oficiales que buscan garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, como se aclara en los informes de la OA, los bienes se declaran a valor fiscal —es decir, el precio que el Estado asigna para el cobro de impuestos— y no al valor de mercado. Esta diferencia puede generar distorsiones significativas en la percepción del patrimonio real de los funcionarios.
Además, muchos de los aumentos patrimoniales registrados este año se explican por una revaluación de bienes ya declarados, más que por adquisiciones nuevas. Es el caso del presidente Javier Milei, cuyo patrimonio pasó de $125 millones en 2023 a más de $206 millones en 2024, un incremento del 64% anual. En dólares, el aumento fue de entre un 31% y un 38%, según el tipo de cambio utilizado.