Consejo de la Magistratura: un alfil del Tano Angelici maneja las denuncias a magistrados
El expresidente de Boca puso a Alberto Maques en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El dirigente radical mantiene su peso en la Justicia.
PorElEditor Mendoza
30 de enero de 2026 - 17:21
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Daniel Angelici avanzó en el Consejo de la Magistratura.
Un movimiento redefine el tablero de poder del Consejo de la Magistratura: el abogado Alberto Maques asumió la presidencia de la Comisión de Acusación, órgano neurálgico encargado de sustanciar las denuncias contra jueces nacionales y federales. El ascenso del hombre estrechamente vinculado al operador judicial y expresidente de Boca Daniel Angelici, es clave para el control disciplinario del Poder Judicial.
El relevo se produjo en cumplimiento de un acuerdo político sellado a principios del año pasado. Maques sucede en el cargo al senador nacional Luis Juez, quien encabezó la comisión durante el período 2025. Según confirmaron fuentes del organismo, la alternancia fue pactada en el marco de la labor parlamentaria y refrendada por el plenario de consejeros, estableciendo una partición del mandato para garantizar el equilibrio de fuerzas internas.
El rol de Angelici en el Consejo de la Magistrura
La trayectoria de Alberto Maques combina el ejercicio del derecho con una activa participación en la gestión pública. Antes de su llegada al órgano nacional, el abogado se desempeñó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, uno de los puntos que mayor atención despierta en su currículum es su paso por la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).
maques rossati
Entre enero de 2017 y diciembre de 2018, Maques ejerció como síndico de la entidad dedicada a la gestión de residuos. Durante ese mismo período, la vicepresidencia de la Ceamse estaba en manos de Claudio “Chiqui” Tapia, actual presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Esta coincidencia temporal no es un detalle menor en los pasillos de Comodoro Py, donde los vínculos entre el mundo del fútbol y la justicia suelen ser objeto de minucioso análisis.
Su ingreso formal al Consejo de la Magistratura de la Nación se produjo a finales de 2024. Maques, quien figuraba como suplente desde la renovación de 2022, asumió la titularidad en representación del estamento de los abogados tras la renuncia de Miguel Piedecasas.
El peso estratégico de Acusación
La Comisión de Acusación es, por definición, el "brazo ejecutor" del Consejo. Su competencia radica en evaluar las conductas de los magistrados, proponer sanciones disciplinarias o, en los casos más graves, impulsar el dictamen de acusación ante el plenario para iniciar el proceso de remoción (jury de enjuiciamiento).
Bajo la nueva conducción de Maques, la comisión queda integrada por un abanico diverso de actores políticos y técnicos: los diputados nacionales Álvaro González, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, el senador Luis Juez y el abogado César Grau —quien se incorporó recientemente tras el fallecimiento del histórico Héctor Recalde—.
Expedientes calientes y conflictos de intereses
Al cierre del último ejercicio, la comisión reportaba 36 expedientes en trámite. Entre las causas que deberá tutelar el nuevo presidente figuran nombres de alto impacto público. Uno de ellos es el del juez Patricio Maraniello, cuestionado por haber dictado una medida cautelar que prohibía la difusión de audios vinculados a Karina Milei en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Andis.
No obstante, el caso que genera mayor suspicacia es el que involucra a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora. Villena tiene bajo su órbita la investigación contra la firma Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, un empresario del entorno íntimo de Claudio “Chiqui” Tapia. La causa, iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunto lavado de activos y evasión, quedó firmemente en manos de Villena tras una resolución de la Cámara Federal de La Plata.
Con Maques al frente del órgano que debe controlar a los jueces, se abre un interrogante sobre la celeridad y el rigor con que se tramitarán estas denuncias, en un año donde la independencia judicial volverá a estar bajo la lupa de la opinión pública.