-En la 10° sesión del organismo, primera del año, debutó la representación empresaria minera más extremista.
-Fuerte peso prominero en el Consejo del Ambiente.
Mineros de la primera hora al organismo que planifica la reserva ambiental.
El gobierno de Alfredo Cornejo aceleró a fondo contra la resistencia al plan minero que encabeza: este miércoles hizo entrar a la Cámara de Servicios Mineros al Consejo Provincial del Ambiente (CPA), cuya existencia se debe al potencial contaminante de la actividad de las empresas del extractivismo.
El organismo se juntó por primera vez este año, la décima desde su creación, con los impulsores de la minería de la primera hora en Mendoza, con mucha anterioridad a la adscripción de Cornejo a la causa del establishment, incorporados al ámbito multisectorial para el debate de los potenciales contaminantes por parte actividades económicas.
La prensa oficial del gobierno de Cornejo, concluyó que con la entrada del empresariado más radical prominero "el Consejo se consolida como un espacio clave de asesoramiento técnico y participación para el fortalecimiento de las políticas ambientales de la provincia".
El de la Cámara de Servicios Mineros no es un ingreso menor. En una provincia que lleva décadas debatiendo acaloradamente —y en las calles— los límites de la matriz productiva y la protección del agua, sentar a los proveedores de la industria extractiva en el principal órgano de asesoramiento ambiental del Estado es toda una declaración de principios. Para el gobierno provincial, enfocado en subirse al tren de la transición energética, es un paso lógico: si se va a impulsar la minería, los actores productivos deben ser parte de la conversación.
Pero desde una mirada crítica, la pregunta cae de madura: ¿Estamos sumando a un actor necesario para garantizar un desarrollo sostenible real, o estamos, metafóricamente hablando, invitando al zorro a opinar sobre el diseño del gallinero?
La flamante UGA tendrá la hercúlea tarea de fiscalizar los proyectos mineros en sus etapas de exploración y explotación. El CPA, por su parte, es el órgano que asesora sobre esas políticas.
Que la Cámara de Servicios Mineros integre este consejo significa que tendrá voz directa en la mesa donde se debaten las normativas que luego deberán acatar los empresarios que la conforman. Es una delgada línea institucional. Por un lado, la experiencia técnica del sector es innegable y necesaria para evitar regulaciones de imposible cumplimiento. Por el otro, el riesgo de un fuerte lobby corporativo que termine flexibilizando los controles es una amenaza latente que las organizaciones civiles observan con recelo.
Del lado corporativo e industrial, la presencia es fuerte: ADERPE, CASEMMZA, Ambiental Mendoza SA y el COINCE ya marcaban el ritmo, y ahora se suma el peso pesado de la minería, junto al Centro Ambiental El Borbollón. Del otro lado, como garantes del rigor científico y la protección civil, resiste el IADIZA, además, reportan al consejo de Cornejo la Fundación Villavicencio, la Fundación Vegana. También están integradas los profesionales, a través del Colegio de Abogados y el Consejo Provincial de Ingenieros y Geólogos.
La coordinadora de la Subsecretaría de Ambiente, Soledad Barros, celebró la ampliación de este espacio asegurando que el balance es positivo y que se promueve "la participación activa". Sin embargo, el desafío de la funcionaria y del Ministerio de Energía y Ambiente será mayúsculo: deberán actuar como verdaderos árbitros en una mesa donde los intereses económicos de corto plazo chocarán inevitablemente con la urgencia de la gestión ambiental a largo plazo.
El Ministerio de Energía y Ambiente informó que la reunión del Consejo del Ambiente le dio continuidad a la agenda iniciada en las primeras reuniones del CPA, donde se establecieron lineamientos de trabajo vinculados a la gestión de residuos, la transición energética y el desarrollo sostenible de la actividad minera.
La versión oficial subrayó dos ejes centrales del encuentro:
A la hora de los balances, Soledad Barros, coordinadora de la Subsecretaría de Ambiente, repitió el libreto institucional: “Reabrimos las sesiones de trabajo para continuar fortaleciendo el rol del Consejo como órgano asesor en los distintos ejes que impulsa el Ministerio. En esta oportunidad, trabajamos sobre la reglamentación de residuos y sobre el funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental para proyectos mineros, promoviendo además la participación activa de todas las instituciones que integran el CPA”.
Barros ensalzó el resultado de la cita: “El balance es positivo. Los participantes se llevaron información clara y concreta, y renovaron el compromiso de seguir aportando y proponiendo temas relevantes para la gestión ambiental”.