- La minería tropezó repetidamente con las necesidades políticas.
- La red que tejió Cornejo para evitar otra caída le da resultados.
Organizaciones ambientalistas acudirán este jueves a la Legislatura.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaUna pueblada contra la minería, sorprendente por su masividad y la convicción de estar haciendo historia, contra un puñado de activistas convencidos de que tienen derecho a insultar y hasta intimidar a funcionarios que avanzan contra sus intereses. Esa confrontación esclarece el tamaño de la mutación del escenario de la resistencia activa antiminera en los últimos seis años.
En diciembre de 2019, el círculo del poder provincial se estremeció con la reacción social que provocó la flexibilización de la Ley 7722. Ni las hipótesis más pesimistas de los actores que laudaron a favor del extractivismo habían considerado algo parecido a la inmensa movilización popular autoconvocada que confluyó frente a la Casa de Gobierno a horas de la Noche Buena.
San Jorge es un proyecto caro a los intereses de Alfredo Cornejo, quien leyó en el espaldarazo en las urnas como un aval para avanzar.
El exgobernador Rodolfo Suárez no imaginó que enfrentaría tamaño conflicto a menos de 15 días de asumir el poder. Tampoco los dirigentes peronistas que alimentaron el consenso de la flexibilización de los límites ambientales de la minería. El apoyo opositor a la avanzada moderó el costo político del paso en falso de Suárez en su primera decisión como gobernador.
Así como los impulsores de la minería no vieron venir las consecuencias de la alteración de la Ley 7722, los militantes por el agua y el ambiente no imaginaron, entonces, la deriva que tendría el escenario de la resistencia antiminera hacia el futuro.
Este lunes, la Legislatura avanzó en el tratamiento en comisiones de la Declaración de impacto ambiental para Malargüe Distrito Minero.
La semana pasada la funcionaria había defendido, desde Abu Dabi, el proyecto San Jorge, la punta de lanza del lobby minero para perforar el blindaje que el rechazo social le puso al extractivismo en Mendoza. Ese es el último trámite antes de que la Minera San Jorge consiga la ansiada habilitación para dinamitar la cordillera en busca del cobre que guarda.
En el Palacio Legislativo, los legisladores escucharon a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mientras en la calle un reducido grupo de ambientalistas se manifestó con furia contra la avanzada minera.
El repliegue de la resistencia callejera a un modesto conjunto compuesto por los actores más radicalizados contra la minería es evidente, tanto como la inminencia de la extracción metalífera en la provincia. Mendoza y Chubut fueron hasta ahora los bastiones de la resistencia antiminera en el país. En el resto de las provincias cordilleranas con metales atrapados en la roca, el extractivismo avanzó todo lo que justificó el mercado.
La habilitación para volar la cordillera y pasar los pedazos por los químicos capaces de separar el metal de la piedra estuvo a punto de ver la luz antes y después de la 7722, que significó el primer portazo a la minería cuando su despliegue en la provincia era inminente.
La explotación del yacimiento de cobre localizado en Uspallata en los términos actuales está en danza hace 20 años. El freno estructural a su concreción surgió en 2007 con la puesta en vigencia de la Ley 7722.
Desde entonces, fue cajoneado y reflotado en sintonía con el clima social y las necesidades de los intérpretes de la hegemonía política. El primer impulso a la minería se lo dio el gobierno de Julio Cobos (2003-2007). El mismo gobierno terminó apoyando la Ley 7722 en la antesala de las elecciones de 2007, en función del impacto negativo que tenía la minería en el electorado.
La DIA del Proyecto San Jorge se discutirá en la Legislatura.
En 2011, la habilitación para San Jorge era inminente. Con todos los permisos sellados, la minera se disponía a iniciar la extracción cuando el entonces candidato peronista Francisco Pérez ordenó a los legisladores de su partido levantar un muro contra la minería. Luego, ocurrió el acto fallido de Suárez.
Así se llegó a la fase actual, en la que el inicio de la extracción de metales en Mendoza es cuestión de tiempo. Las condiciones materiales no se modificaron. Lo que cambió esta vez es que, a la par del avance en la tramitación de los permisos ambientales, Alfredo Cornejo tejió redes políticas y corporativas sólidas que respaldan la decisión de avanzar con la minería.
En su primera gestión en la Gobernación (2015 - 2019), el radical trabajó en las sombras en la construcción de las bases para la avanzada final, que puso en marcha el 10 de diciembre de 2023, cuando Suárez le devolvió la banda.
La historia societaria de Minera San Jorge S.A. revela un mapa de poder en constante movimiento. En 2006, la compañía fue adquirida por Coro Mining Corp a través de Minera Cielo Azul Ltda.
Nueve años más tarde, en 2015, el control pasó a Aterra Capital (de origen ruso) y Solway Investment Group, quedando este último como único propietario en 2019. Finalmente, en 2024, la titularidad se trasladó a Zonda Metals GmBH (Suiza) y al Grupo Alberdi (Argentina), actuales dueños del proyecto.
Cada nuevo dueño reformuló el proyecto prometiendo respetar la 7722, aunque ninguno abandonó la militancia para eliminarla o flexibilizarla.