- La causa de las coimas en pleno desarrollo involucra a empresas de la construcción.
- Aparece Cartellone Construcciones Civiles, entre los oferentes.
Las sombra de los cuadernos de las coimas en una licitación provincial.
En el conjunto de constructoras que pujan por una obra vial clave que está licitando la provincia aparecen varias compañías mencionadas en la investigación que tramita la Justicia bajo el título mediático Cuadernos de las coimas. Con la obra pública nacional paralizada, las empresas buscan contratos en las provincias, aunque muchas tienen relación con la causa de las coimas.
La promesa de una reactivación de la obra pública en Mendoza tuvo un capítulo importante este martes en los salones de la Casa de Gobierno. Con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio del Ejecutivo, Andrés Lombardi, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, se concretó la apertura de sobres para una obra estratégica: la reconstrucción de casi 19 kilómetros de red vial productiva.
Sin embargo, la noticia técnica de la inversión, que asciende a $57.900 millones, quedó inevitablemente tamizada por la nómina de los oferentes. Al revisar el listado de las once propuestas presentadas, emergen nombres que protagonizan las crónicas judiciales más oscuras de la última década en la Argentina.
Varios de los gigantes de la construcción que hoy compiten por los fondos provinciales arrastran vínculos directos, procesamientos o menciones explícitas en la investigación federal conocida como la Causa de los Cuadernos, el expediente que desnudó la cartelización y el pago de sobornos sistemáticos entre el sector privado y el Estado nacional entre 2003 y 2015.
El caso más resonante en la lista de ofertas es el de la Unión Transitoria (UT) conformada por Corporación del Sur SA y José Chediack SAICA. Esta última firma quedó en el ojo de la tormenta judicial cuando su entonces titular, Juan Chediack, se convirtió en uno de los primeros y más importantes "imputados colaboradores" (arrepentidos) ante el fiscal Carlos Stornelli.
Chediack, quien presidiera la Cámara Argentina de la Construcción, admitió ante la justicia haber pagado coimas para asegurar contratos y liberar pagos de certificados de obra. Pese a la contundencia de aquellas confesiones que sacudieron al establishment, la firma continúa operando y ahora busca adjudicarse uno de los dos tramos en los que el Gobierno de Mendoza dividió la licitación.
No es el único nombre de peso histórico en el expediente. Cartellone Construcciones Civiles SA, la emblemática firma local, también presentó su oferta en solitario. La compañía figura en los anexos de la investigación federal, y su directivo, Hugo Kot, fue procesado por cohecho pasivo en la trama de la cartelización, una situación que fue confirmada en instancias de la Cámara Federal porteña. La empresa de José Cartellone es la mayor constructora de la provincia; con activos en el sector hidroeléctrico.
La lista de once oferentes se completa con otras Uniones Transitorias que incluyen a empresas que, en mayor o menor medida, aparecieron en los radares de la justicia federal, específicamente en los listados aportados por el financista y organizador del esquema de recaudación, Ernesto Clarens.
Tal es el caso de la UT formada por Green SA y Tecno Redes y Obras SRL. Green SA es otra de las firmas cuyos directivos, como Carlos Daniel Román, enfrentaron procesamientos en el marco de la causa, acusados de formar parte del engranaje de retornos ilegales.
A nivel local, la licitación también atrajo a Mapal SACIA (en UT con Procon SRL) y a Construcciones IVICA y Dumandzic SA (asociada con Da Fré Obras Civiles). Ambas empresas sanjuaninas figuraron en los listados de Clarens como parte del "club" de contratistas viales bajo sospecha, aunque sus defensas siempre han alegado inocencia.
Asimismo, aparece la UT compuesta por Se Mi SA, HCO SA y Obras Andinas SA. Esta última, una firma de capitales mendocinos, también ha sido mencionada en diversas etapas de la investigación sobre la obra pública en el interior del país.
Completan la nómina de interesados en la compulsa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), Constructora San José SRL con Stornini SA, Luis M Pagliara SA, Laugero Construcciones SA con Kraft Constructora SRL, y AYFRA SRL.
Desde el Gobierno provincial, el foco se mantuvo estrictamente en lo técnico y en la "inédita" cantidad de ofertas. El ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, valoró la competencia generada. “Estamos muy conformes con el desarrollo de este proceso. Esta competencia no solo eleva los estándares de calidad, sino que es la mejor forma de cuidar los recursos de todos los mendocinos”, declaró el funcionario, evitando hacer alusión a los antecedentes penales de las personas jurídicas involucradas.
Por su parte, Marité Badui explicó la estrategia de dividir la obra en dos renglones: “Para la reconstrucción de 18,8 kilómetros, se ha dividido el tramo en dos secciones para que una misma empresa no pueda ganar en ambas”, una medida que busca, en teoría, evitar la concentración y favorecer el cumplimiento de los plazos, estipulados en 12 meses.
Más allá de los nombres propios, la obra es vital para el Este mendocino. Se trata de la intervención en una zona de alto tránsito (35 mil vehículos diarios) que incluye la reconstrucción de carpeta asfáltica en diez intersecciones y 17 rotondas sobre ejes como la Ruta 50, calle Serpa y calle Maza.
El primer tramo, con un presupuesto de $30.926 millones, abarca desde calle Lamadrid hasta Cervantes. El segundo, cotizado en $26.931 millones, se extiende hasta Arturo González.
Un punto que promete futura controversia es la financiación del mantenimiento. Mema confirmó que la implementación de peajes está en carpeta, aunque aclaró que se definirá "una vez concluida la obra". Dijo que "el objetivo es contar con buenas colectoras que ofrezcan alternativas al usuario y determinar los puntos y modalidades de cobro”.
Mientras los técnicos del Gobierno analizan ahora las ofertas económicas para definir a los ganadores, la política mendocina observa de reojo cómo los viejos actores de la "patria contratista", salpicados por escándalos de corrupción, siguen siendo los protagonistas excluyentes de la infraestructura local.