El Colectivo de Discapacidad de Mendoza reclama por la Defensoría, incumplimientos de OSEP y por la adhesión a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Emergencia en Discapacidad es ley, pero Milei ya advirtió que la vetará.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Colectivo de Discapacidad de Mendoza presentará este viernes en Casa de Gobierno una nota urgente exigiendo el cumplimiento efectivo de derechos adquiridos, normativas vigentes y el acompañamiento activo a la Ley Nacional N.º 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que fue votada semanas atrás en el Congreso y que Javier Milei amenaza con vetar de forma inminente.
El documento, firmado por personas con discapacidad, familiares, prestadores y transportistas, interpela directamente al gobernador Alfredo Cornejo y al poder político provincial sobre tres ejes críticos que, según denuncian, continúan vulnerando la dignidad y la autonomía del colectivo. En el tratamiento del veto será crucial el rol de los diputados que responden al gobernador: Pamela Verasay y Lisandro Nieri.
La primera demanda apunta al estado de la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Reclaman la designación legítima de un defensor titular y codefensor, con recursos humanos y económicos suficientes para cumplir su rol constitucional de promoción, protección y garantía de derechos. Para el colectivo, una defensoría fortalecida es clave para asegurar el acceso a la justicia y frenar el retroceso institucional.
El segundo foco del reclamo gira en torno a la obra social estatal, OSEP, que según denuncian incumple sistemáticamente con el Nomenclador Nacional.
En lugar de garantizar prestaciones integrales y continuas como indica la Ley Nacional N.º 24.901, el Colectivo detecta recortes encubiertos y burocracias que fragmentan el acceso a terapias, traslados, apoyos y rehabilitación. “Exigimos cobertura total, digna y sin interrupciones”, expresa el escrito.
Finalmente, el pedido apunta a que Mendoza adhiera y active de forma urgente la recientemente aprobada Ley N.º 27.793. Esta norma, que declara la emergencia pública en materia de discapacidad, busca detener el vaciamiento progresivo del sistema de apoyos y financiamiento.
“No es una bandera política: es una herramienta vital para frenar el deterioro de derechos”, afirman sobre una ley que para los libertarios, de los cuales Cornejo es socio político, implica un costo fiscal que no están dispuestos a asumir.
El documento cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se pone a disposición de las autoridades para colaborar en el diseño de políticas públicas eficaces, participativas y con enfoque de derechos humanos. Confiados en que la provincia tome nota del reclamo, advierten que la falta de acción estatal frente a esta crisis silenciosa tendrá costos humanos difíciles de revertir.