El proyecto busca habilitar allanamientos en domicilios de funcionarios con fueros para evitar destrucción de pruebas en causas de corrupción.
La propuesta del PRO permitiría el allanamiento de domicilios particulares y comerciales de funcionarios públicos que actualmente están protegidos por sus fueros, con la única excepción de sus despachos oficiales.
En un intento por fortalecer la transparencia institucional y agilizar los procesos judiciales, el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) presentó un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Fueros. La propuesta permitiría el allanamiento de domicilios particulares y comerciales de funcionarios públicos que actualmente están protegidos por sus fueros, con la única excepción de sus despachos oficiales.
La iniciativa surge en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor control sobre la clase política y por evitar que los privilegios legales se conviertan en obstáculos para la Justicia.
Según el legislador Millman, esta reforma apunta a evitar que funcionarios acusados de corrupción u otros delitos puedan eliminar pruebas durante una investigación penal, amparándose en la inmunidad parlamentaria.
Gerardo Milman explicó que el objetivo central de su propuesta es “acelerar las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, diputados y senadores nacionales, para que no tengan tiempo de eliminar pruebas que los involucren en casos de corrupción u otras causas judiciales”.
La iniciativa busca eliminar lo que el legislador definió como un “blindaje institucional indebido”, que limita el accionar del Poder Judicial en las etapas más sensibles de la investigación, como los allanamientos. Milman fue enfático al señalar que los fueros deben proteger a los funcionarios solo de “persecuciones políticas o judiciales injustas, no de investigaciones legítimas con indicios concretos”.
El proyecto modifica puntualmente la Ley 25.320, que regula los fueros parlamentarios.
El cambio permitiría que jueces puedan allanar domicilios y oficinas particulares de los funcionarios públicos, incluidos legisladores nacionales, sin necesidad de autorización previa del Congreso.
Sin embargo, el texto del proyecto deja a salvo los despachos oficiales de los legisladores, que seguirán estando protegidos para preservar la separación de poderes. Según Milman, esta excepción busca mantener “el equilibrio institucional” sin obstaculizar el acceso a pruebas clave para la Justicia.
La iniciativa será debatida en comisiones en las próximas semanas.