Desde la Universidad Nacional de Cuyo salió un comunicado rechazando "un despacho de comisión del Congreso de la Nación que aprobaría un presupuesto 2026 insuficiente para el sistema universitario argentino" y derogaría la ley de financiamiento que "se defendió en las calles con marchas multitudinarias".
"Las universidades nacionales interpretan que esta actitud profundiza el desfinanciamiento y genera un mayor retraso salarial para la comunidad universitaria. Los representantes de todos los claustros y facultades de la UNCUYO solicitan a los legisladores nacionales que trabajen de manera urgente para garantizar un presupuesto universitario que permita funcionar el próximo año y que reconozca el esfuerzo que docentes y no docentes vienen haciendo desde hace mucho tiempo para mantener la calidad por la que se reconoce a la universidad pública argentina en el mundo", decía el comunicado.
Además aseguran que la derogación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad "atenta contra los verdaderos principios de inclusión, pilar sustantivo que abraza la Universidad Nacional de Cuyo".
El contenido del Capítulo XI
El capítulo incluía disposiciones de fuerte impacto social:
Artículo 75: derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Sistema de prestaciones básicas en discapacidad: los aranceles serían fijados trimestralmente por el Ministerio de Salud y la ANDIS, con ajuste por IPC en caso de incumplimiento.
Presupuesto universitario: se establecía una partida de $4,785 billones.
Asignaciones familiares: el artículo 70 eliminaba el carácter móvil de la AUH y otras prestaciones, dejando su actualización a discreción del Ejecutivo.
Ley de Zonas Frías: el artículo 69 retrotraía el beneficio de subsidios en tarifas de gas únicamente a Patagonia, Malargüe y la Puna.
Artículo 30: derogación de normas vinculadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.
Además, se prorrogaba hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se eximía del pago de impuestos a combustibles líquidos y al dióxido de carbono para importaciones de gasoil y diesel durante 2026.
En una modificación de último momento, se otorgó al jefe de Gabinete la facultad de realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Diputados que guardaron la bandera
Con varios legisladores mendocinos formados en las universidades públicas, en sus bancas les dieron la espalda desoyendo el pedido de la UNCUYO. A favor de este capítulo votaron los legisladores radicales que le responden a Alfredo Cornejo: Pamela Verasay y Lisandro Nieri además de los libertarios Luis Petri, Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano, Julieta Mestral Asensio y Mercedes Llano.
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Mercedes Llano, alfil de Javier Milei desde la primera hora y docente de la UNCUYO, también desoyó el pedido de la Casa de Altos Estudios.
En contra se pronunciaron el peronista Emir Félix y Lourdes Arrieta, del bloque Provincias Unidas. En tanto, el diputado Martín Aveirono se encontraba presente al momento de la votación.
El polo opuesto fue la senadora justicialista Anabel Fernández Sagasti, quien le dio la espalda a la iniciativa y votó negativo, en línea con el rechazo del bloque peronista al rumbo económico del Gobierno y a los artículos más cuestionados del Presupuesto.