- Uno de los cuatro proyectos mineros que debate Diputados, crea un Fondo de Compensación Ambiental
- La votación contó con sólo seis votos opositores
El peronismo y La Unión Mendocina se partieron con el Fondo de Compensación Ambiental.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Cámara de Diputados le dio media sanción al Fondo de Compensación Ambiental que actuará ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.
La votación, donde se rechazó un despacho en minoría, resultó 39 positivos y 6 negativos, de los diputados José Luis Ramón (CyC), Valentina Morán (PJ), Roxana Escudero (PJ), Emanuel Fugazzotto (PV), Rolando Scanio (LUM) y Jorge Difonso (LUM).
La fundamentación señala que la Ley General del Ambiente, Ley Nacional 25.675, estableció la Política Ambiental Nacional, definiendo “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41° de la Constitución argentina.
Así, dicha normativa prevé la creación de un Fondo de Compensación Ambiental administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción, y destinado a “garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente”.
Además, contempla que las autoridades “podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado y que la integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial”.
En el articulado se establece que el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación encargada de su administración, quien deberá elaborar un informe anual respecto de la gestión, ingresos y destinos del Fondo.
Asimismo, señala que la reglamentación determinará el sistema de gestión financiera de los fondos, así como también los sistemas de control de gestión de los mismos, de conformidad con las normas de gestión financiera y administrativa vigentes para la administración pública provincial.
EI Fondo estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias, ya sea porque son insolventes, o se trata de personas indeterminadas, o por cualquier otra causa que impida una adecuada reparación del daño ambiental producido, con el fin de evitar la propagación del daño en situaciones de emergencia que requieran una intervención urgente.
En caso de indemnizaciones impuestas en sede judicial, y en ausencia de indicaciones expresas en la sentencia, la totalidad del monto asignado se destinará a la restauración, reparación, mitigación o acciones específicas para la compensación ambiental de la zona o área objeto de la actuación judicial.
El texto del proyecto invita tanto al Departamento General de Irrigación como a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo, y establece un plazo de 180 días para la reglamentación posterior a su promulgación.
Por su parte, José Luis Ramón (CyC), quien propuso un despacho en minoría que fue rechazado luego en la votación, enumeró una serie de aspectos que consideró que faltan en el proyecto, como “mecanismos financieros, el procedimiento de asignación del dinero, como serán los controles, la estructura Fiduciaria y no Fiduciaria”. Además, dijo que es necesario el abordaje de una ley de cierre y post cierre de minas.
En tanto, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), adelantó su voto negativo y manifestó que “entiendo que este proyecto es positivo para los agentes contaminantes y para las mineras. Va a terminar siendo un proyecto perjudicial para la sociedad”. Argumentó que “la sociedad de Mendoza entiende la importancia de equilibrar desarrollo con cuidado de ambiente, pero lo que no quiere es que ese equilibrio se logre a cualquier precio”.
Finalmente, Jorge Difonso (LUM) adelantó también su voto negativo expresando que “este proyecto, así como la reforma del Código Procesal Minero, está cambiando las reglas de juego en beneficio de las empresas que van a venir a la provincia, y esto es en desmedro del patrimonio de cada uno de los mendocinos”. Añadió que tiene “serias observaciones con los cuatro proyectos”, y que la creación del Fondo Compensador “afecta el patrimonio de la provincia”, porque “tenemos un cambio en las reglas de juego”.