Con el Decreto 446/2025, el Gobierno modifica la Ley 26.020 y se reducen controles estatales. Sturzenegger celebró “un cambio de paradigma”.
Por ahora, no hay definiciones del Gobierno sobre cómo se garantizará el abastecimiento a usuarios de bajos ingresos.
foto de archivoEl Gobierno nacional oficializó la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Con el Decreto 446/2025, se eliminan autorizaciones previas, se agilizan los registros de operadores y se habilita la libre importación y exportación del producto, siempre que se garantice el abastecimiento interno.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca reducir al mínimo la intervención del Estado en la cadena productiva del GLP. Según el nuevo decreto, se limita el rol de la Secretaría de Energía a funciones técnicas y de seguridad, sin intervenir en cuestiones operativas como precios, oferta y demanda.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal impulsor del decreto y celebró la iniciativa como una señal clara hacia un modelo de mayor libertad económica: “En este cambio de paradigma pasamos de un ‘no podés hacer esta actividad salvo que yo te dé una autorización expresa’ a un ‘si cumplís requisitos de seguridad, podés’”.
Sturzenegger remarcó que el objetivo es crear un entorno donde la actividad privada no esté sujeta a trabas burocráticas innecesarias. “Estamos limitando el poder paralizador del Estado para que crezca la iniciativa privada”, enfatizó.
La modificación de la Ley 26.020 responde a la estrategia del Gobierno de desregular sectores clave en medio de una crisis estructural marcada por faltantes de gas y restricciones a la producción y transporte.
Aunque el decreto no regula directamente los precios, la eliminación de controles y restricciones a la importación podría derivar en nuevas dinámicas de competencia. Desde el sector privado se espera una mayor eficiencia, pero organizaciones de consumidores y gobernaciones provinciales ya anticipan preocupación por el acceso a garrafas en zonas vulnerables.
Por ahora, no hay definiciones oficiales sobre cómo se garantizará el abastecimiento a usuarios de bajos ingresos, aunque desde la Secretaría de Energía adelantaron que se evaluarán mecanismos complementarios en caso de que surjan distorsiones.