Mario Vadillo, presidente del Partido Verde, indicó que la decisión de la justicia es un mensaje político: "no se toca lo que protege vidas".
Mario Vadillo, candidato a diputado nacional por el Frente Verde.
La Justicia suspendió la aplicación del Decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras una cautelar dictada por la magistrada Martina Forns. La resolución impide ejecutar traslados, cesantías, reubicaciones o cualquier modificación estructural en el organismo. Festejo del Partido Verde.
Desde el espacio político celebraron la decisión judicial como una “victoria del sentido común y de la Constitución”. Su presidente, Mario Vadillo, marcó que: “No se puede dinamitar un organismo técnico esencial sin violar la Constitución, los tratados internacionales y los derechos laborales más básicos”.
De acuerdo a la interpretación de Vadillo, la magistrada fundamentó su fallo "en la ilegalidad del decreto, dado que Vialidad Nacional es un ente autárquico incluido en el inciso c) del artículo 8 de la Ley 24.156, por lo que no puede ser disuelto por vía administrativa. Además, remarcó la inconstitucionalidad de vulnerar derechos laborales protegidos por convenios internacionales con jerarquía constitucional".
“ El decreto pretendía disfrazar un recorte brutal con una redacción elegante. Pero la jueza no se dejó engañar. La estabilidad laboral no es optativa ni negociable: está protegida por la ley y por convenios internacionales que el Estado está obligado a respetar”, agregó el abogado.
El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que tendría el desmantelamiento del organismo: “¿Quién cuida las rutas si se liquida Vialidad? ¿Quién garantiza obras, señalización y control de calidad? Sin ese soporte técnico, lo que viene es abandono, más accidentes y más muertes ”.
Para Vadillo, la jueza Forns "remarcó que su decisión protege no sólo a los trabajadores de Vialidad, sino también a todos los usuarios viales del país. El fallo considera que la disolución del organismo compromete la seguridad pública y la planificación estatal en infraestructura vial".
“Este no es solo un fallo judicial. Es un mensaje político: no se toca lo que protege vidas. Vialidad Nacional no es una caja ni un obstáculo ideológico. Es un engranaje fundamental del Estado argentino. Basta de atropellos”, concluyó Vadillo.