Romina Crisafulli, defensora oficial del sur, enfrenta una dura acusación que podría terminar con su destitución del cargo.
Romina Crisafulli, defensora oficial del sur, enfrenta una dura acusación que podría terminar con su destitución del cargo.
Romina Crisafulli, defensora oficial del sur, enfrenta una dura acusación que podría terminar con su destitución del cargo.
El Jury de Enjuiciamiento aceptó la denuncia de la Defensora General, Cecilia Saint-André contra la defensora oficial Romina Crisafulli por largas inasistencias y certificados sobre los que hay un manto de dudas. Pidió que la defienda una defensora oficial y la causa tiene ribetes insólitos por los actores que intervienen.
Una defensora oficial defenderá a otra frente a la denuncia que ha hecho la jefa de ambas. Ese sería el resumen de la historia que involucra a la titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André y a Romina Crisafulli, Titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael.
Los miembros del Jury aprobaron correrle traslado de las acusaciones para que en diez días presente un descargo. Si bien podría haber contratado a un patrocinante privado, solicitó el servicio costeado por los impuestos de los contribuyentes y que abre dudas sobre un festival de inhibiciones por ser parte de la misma unidad organizativa.
Cecilia Saint-André, Defensora General que denuncia a una de las defensoras oficiales del sur.
En la denuncia, se enumeran distintos motivos por los que se pide sanciones de acuerdo a la normativa que prevé la destitución del magistrado enjuiciado si se considera que las pruebas demuestran la acusación.
"Esta situación, la cual se ha tornado prácticamente insostenible, es lo que motiva la presente denuncia: La magistrada continúa percibiendo su haber sin prestar servicios, registrando un total de inasistencias injustificadas de, como dijimos 136 días al 20 de agosto del presente año, representando un verdadero menoscabo patrimonial para el Estado provincial", dice el escrito presentado por Saint-André.
La nota firmada por Crisafulli, en la que pide a un defensor oficial, generó ira en el Poder Judicial. Más de uno se acordó del juez penal Sebastián Sarmiento que usó la misma estrategia siendo que la población a la que más atienden los defensores oficiales muestran distintas vulnerabilidades, siendo la económica una de las principales.
Los magistrados cobran muy por encima de la línea de pobreza y en estos dos casos, piden un servicio que está destinado a personas que tienen salarios muy por debajo de los que perciben. "Ganan millones y piden un abogado que está para gente que no tiene para pagar uno particular. Pero la normativa no se lo impide", dicen fuentes judiciales. Por ese motivo, nadie se niega a esos pedidos porque después puede ser un motivo de reclamo ante tribunales superiores.
Así, la denunciada había solicitado la designación de un defensor oficial y la suspensión de los plazos hasta tanto se le designara. Pasaron pocas horas y le avisaron formalmente quién se hará cargo de su defensa técnica y prenden velas para que no cambie de opinión, dilatando los plazos, como pasó con Sarmiento.
Saint André resolvió, el 19 de diciembre, designar a la Dra. Marian Ianina Gil Yoma, Defensora Oficial de la 18° Defensoría Penal de Mayores de la Primera Circunscripción, a fin de asumir la defensa técnica de Crisafulli. Corren los plazos y según las cuentas que sacan algunos, antes de fin de año debería llegar el descargo a la Mesa de Entradas del Jury de Enjuiciamiento.
