El proyecto mandado por el Gobierno no tuvo el acompañamiento del PJ que cuestiona la violación a las autonomías municipales.
Edgardo González (PJ), Matías Stevanato (Maipú), Celso Jaque (Malargüe), Emir Andraos (Tunuyán) y Flor Destéfanis (Santa Rosa).
FacebookLegisladores del PJ cuestionaron la ley impulsada por el oficialismo para modificar el Régimen de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Coincidieron en que la norma “viola la autonomía municipal”, “genera más confusión que soluciones” y “centraliza decisiones sin dar participación a los intendentes ni financiamiento a los municipios”.
Los representantes del justicialismo lamentaron "que no se tuvieran en cuenta los aportes" del partido en torno al respeto a la autonomía municipal y a la no injerencia en las decisiones de los Concejos Deliberantes.
La senadora Adriana Cano aseguró que “ningún municipio fue tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto, a pesar de ser los actores primarios en la gestión de residuos. No fueron invitados ni consultados, algo que es doblemente preocupante porque la Constitución les reconoce competencias exclusivas en higiene urbana, salud y limpieza pública”.
Cano también cuestionó el proceso exprés de tratamiento legislativo: “Esta ley tiene menos de un mes de discusión, sin convocar a intendentes, académicos, recuperadores ni cooperativas. Se avanzó apuradamente y sin criterios claros. Lo que termina mostrando este proyecto es una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en las competencias municipales”.
En la misma línea, el senador Félix González advirtió que la norma aprobada “no resuelve los problemas de fondo, porque no define competencias entre Provincia y municipios, no aclara la participación de actores privados y, en cambio, impone exigencias desproporcionadas a los gobiernos locales”.
González puso como ejemplo los plazos que establece la ley: “A los municipios se les da un año para cerrar los basurales a cielo abierto, algo que requiere inversiones millonarias, mientras que la Provincia no tiene plazos para presentar su propio plan. Esa asimetría demuestra que la carga siempre se le traslada al municipio”.
Además, criticó la creación de una tasa provincial vinculada a la trazabilidad de residuos: “ Aparece mencionada de forma confusa, sin definir quién la paga ni para qué. Así, la Provincia se mete por la ventana a cobrar por un servicio que es competencia municipal ”.
La senadora Mercedes Derrache coincidió en que “el proyecto centraliza excesivamente las competencias en la autoridad de aplicación provincial, dejando de lado a los municipios. No prevé financiamiento para las obligaciones que les impone y desconoce realidades territoriales como la de La Paz, donde un camión debe recorrer más de 150 kilómetros para llevar los residuos al Consorcio COINES”.
Por su parte, el senador Pedro Serra sostuvo que la ley “nació mal diseñada” y adelantó que podría ser judicializada: “Esto no pasa el primer control de constitucionalidad. No se puede decir en un artículo que se respeta la autonomía municipal y luego violarla en siete artículos más. Es un error jurídico grosero y político innecesario”.
Finalmente, Cano resumió la postura del bloque opositor: “Todos coincidimos en que había que mejorar la ley vigente, pero no de esta manera. Esta es una oportunidad perdida: se avanza en una norma inconsulta, que desconoce la realidad de los municipios y abre la puerta a más burocracia y conflictos”.