La Emergencia en Discapacidad es un clamor de miles de familias en todo el país. Diputados le dio media sanción este miércoles.
La emergencia en discapacidad obtuvo media sanción en Diputados.
En una sesión clave, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2027. Con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa busca atender una crisis profunda que afecta a familias y personas con discapacidad en el país.
A diferencia del aumento para los jubilados, en el cual los diputados libertarios votaron en tándem con los que responden a Alfredo Cornejo, la emergencia en discapacidad sí fue apoyada por los cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri.
Según el acta de votaciones de la Cámara de Diputados, votaron a favor también el radical Julio Cobos y la líbero Lourdes Arrieta y votaron afirmativamente Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, de UxP.
Los libertarios Mercedes Llanos, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez votaron en contra, en línea con la política de ajuste de Javier Milei.
El proyecto contempla medidas urgentes para fortalecer el acceso a prestaciones básicas, garantizar el financiamiento de pensiones no contributivas y apoyar a los prestadores de servicios de discapacidad. Asimismo, propone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, la adecuación del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y la ampliación del Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad.
Además, la ley establece mecanismos institucionales de consulta con personas con discapacidad y sus representantes, facilitando la construcción de políticas inclusivas. En un punto crucial, modifica la Ley 13.478 para permitir que el Ejecutivo otorgue pensiones inembargables a personas sin recursos suficientes, mayores de 70 años o con discapacidad certificada. También iguala los aranceles de prestaciones para todas las entidades obligadas por la Ley 24.091 y habilita ajustes presupuestarios sin reducir fondos destinados a servicios sociales.
El debate en el recinto estuvo marcado por fuertes críticas al trato del Estado hacia las personas con discapacidad. El diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad, subrayó que la iniciativa busca “acompañar y atender la crisis que viven miles de familias”. También cuestionó el sistema de auditoría implementado por el Gobierno, que ha generado incertidumbre y dificultades en el acceso a pensiones.
Arroyo denunció la falta de actualización de beneficios esenciales y expuso casos concretos: trabajadores de talleres protegidos con sueldos congelados desde 2023, transportistas que enfrentan costos insostenibles y terapeutas con honorarios insuficientes. Asimismo, criticó la desorganización en la evaluación de pensiones y la falta de respeto institucional hacia las personas con discapacidad.
Con esta ley, los legisladores buscan establecer un marco de apoyo urgente y garantizar un trato digno. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en el Senado, donde se espera que continúe su tratamiento con igual profundidad.