La medida permitirá actuar con rapidez ante los efectos de uno de los peores eventos climáticos en la historia reciente de Mendoza. La norma, que ratifica el Decreto N° 792/2025 enviado por el Ejecutivo, establece un plazo de 14 meses para la emergencia eléctrica en toda la provincia y un año para la emergencia aluvional en el sur mendocino.
Los departamentos del sur fueron los más golpeada por la histórica crecida del Atuel ocurrida el 11 de enero.
Los desastres en el Río Atuel
Durante la sesión, la senadora oficialista Jésica Laferte detalló que las presas estaban diseñadas para soportar un caudal de hasta 600 m³/s, pero la crecida superó los 1.400 m³/s, provocando daños severos en las centrales Nihuil II y III, dejando fuera de servicio turbinas, generadores y destruyendo caminos vitales.
La aprobación del decreto autoriza al Gobierno a avanzar con obras urgentes, compras directas y contrataciones excepcionales para recuperar caminos, reparar la red eléctrica y proteger a la población de nuevas amenazas. La medida también habilita la ampliación provisoria del sistema de distribución eléctrica troncal en la región Cuyo, una acción clave para mantener el suministro.
El debate en el recinto fue tenso. La Unión Mendocina y parte del justicialismo no acompañaron la iniciativa, mientras que desde el oficialismo y el Partido Demócrata defendieron la urgencia del proyecto.
El senador Martín Kerchner Tomba fue contundente al cerrar la sesión: “Esta es una emergencia real. Se actuó con previsión y rapidez. El Estado no puede esperar cuando hay infraestructura colapsada y familias en riesgo”.
La situación actual es crítica: el colapso de un puente, 6,6 kilómetros de camino destruidos, un caño troncal roto y centrales eléctricas fuera de servicio comprometen la conectividad, el desarrollo turístico y la vida cotidiana de miles de mendocinos.