- La UCIM quedó entre la espada y la pared: apoya fuerte a Milei, a la vez que se perjudica con la reforma.
- Reclamo conjunto con los empresarios nacionales.
Los empresarios de la UCIM se revelaron contra la reforma laboral.
La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) se sumó a una serie de reclamos de empresarios de todo el país contra la Reforma Laboral de Javier Milei. La cámara de empresarios mendocinos apoyó fuerte al gobierno libertario, aún cuando la renta caía y el mercado se encogía, pero la norma laboral no le gustó del todo.
La UCIM en sintonía con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y otras entidades de peso federal, manifestó su firme apoyo al espíritu reformista, pero lanzó una advertencia categórica: cinco artículos del proyecto oficialista podrían dinamitar el equilibrio de las relaciones laborales en Argentina.
En un escenario de alta tensión política por el inminente tratamiento de la Ley de Modernización Laboral en el Senado Nacional, el sector empresario ha decidido unificar su voz para plantear una resistencia técnica sobre puntos específicos del proyecto.
La estrategia no es solo declarativa. La UCIM ha integrado un plan de trabajo nacional para contactar directamente a los senadores por Mendoza. Lo mismo hará el resto de las cámaras de comercio del país. El objetivo es claro: consensuar la eliminación o modificación sustancial de los ítems que, según los empresarios, desnaturalizan la negociación colectiva y generan un escenario de imprevisibilidad que terminará en los tribunales.
El principal foco de conflicto reside en el Artículo 126. Este punto ataca directamente la ultraactividad de los convenios colectivos, un principio que permite que un acuerdo siga vigente hasta que se negocie uno nuevo. Para la UCIM, limitar esta continuidad es un "grave retroceso".
En un comunicado, la entidad dirigida por referentes del comercio local subrayó que este artículo rompe el equilibrio entre las partes y debilita la libertad de negociación. "Se genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral", advierten. La preocupación no es solo operativa, sino constitucional, ya que consideran que la norma es incompatible con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al introducir una "regresión injustificada en derechos laborales consolidados".
Otro punto de fricción es el Artículo 128, que aborda un tema sensible: el financiamiento de las organizaciones. Los empresarios denuncian un "trato inequitativo y discriminatorio". Mientras el proyecto sostiene la validez de los aportes obligatorios hacia las organizaciones sindicales, prohíbe explícitamente lo propio para el sector empresario.
Desde la Cámara Argentina de Comercio, señalaron que esto provoca un "claro y cierto debilitamiento institucional", colocando a las cámaras empresarias en una situación de disparidad frente a los gremios. Según los dirigentes mendocinos, esto pone en riesgo real la existencia misma de la representación empresarial en las mesas de diálogo.
La preocupación se extiende también a los Artículos 130 y 131, que proponen cambiar la jerarquía de los convenios. Actualmente, los convenios por actividad ordenan el marco general, pero la nueva ley busca dar prevalencia a los convenios de empresa o de ámbito menor.
Para la UCIM, este esquema "fragmenta el marco normativo". Al permitir que cada empresa negocie condiciones distintas, se habilitarían diferencias salariales injustificadas dentro de un mismo rubro, lo que colisiona con el precepto constitucional de "igual remuneración por igual tarea". Los empresarios temen que esta descentralización, lejos de dar flexibilidad, genere una ola de demandas judiciales por discriminación laboral.
Finalmente, el Artículo 132 ha sido tildado de "peligroso" por la discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo. La norma faculta a la autoridad administrativa a convocar renegociaciones de oficio y, lo que es más grave para las cámaras, a suspender los efectos de la homologación de convenios ya vencidos.
Este nivel de intervención estatal es visto como una amenaza a la autonomía de voluntad de las partes. "Se crea un escenario de marcada inestabilidad tanto para empleadores como para trabajadores", afirmaron desde la UCIM. La mirada empresaria coincide en que, si el Estado puede suspender homologaciones a su arbitrio, la seguridad jurídica desaparece, transformando cada paritaria en un campo de batalla político-administrativo.
El bloque de cámaras empresariales espera que los senadores actúen como un filtro de sensatez. Si bien el sector privado reclama desde hace décadas una modernización de las leyes laborales para fomentar el empleo, consideran que estos artículos en particular son "caballos de Troya" que terminarán encareciendo el costo laboral a través de la litigiosidad.
En los próximos días, los representantes de la UCIM intensificarán las reuniones con los legisladores por Mendoza en el Congreso de la Nación. La consigna es evitar que la urgencia de la reforma termine por sacrificar la estabilidad del sistema de trabajo argentino.