La estudiante en crisis que entró a una escuela de La Paz con la 9 milímetros de su padre policía y disparó mantuvo en vilo a Mendoza y al Gobierno, que tuvo que suspender por unas horas una intensa agenda proselitista. Una vez que se logró que la niña entregara el arma sin lesionarse ni causar heridos, el Gobierno ensalzó el éxito del operativo y anticipó una respuesta punitiva para el caso en que se repita una situación similar: dijo que enviará a la Legislatura un proyecto para endurecer el Código Contravencional y así avanzar en penalizar a las familias.
Lo anunció Tadeo García Zalazar, al frente de la Dirección General de Escuelas, falnqueado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
"Vamos a mejorar los protocolos y vamos a trabajar sobre la responsabilidad de los padres. El Código Contravencional tiene determinadas figuras y vamos a proponer una reforma del Código Contravencional de la Provincia en materia especifica de algunos tipos de casos donde hay bulling y ver qué corresponsabilidad les cabe a la familia y a los padres. No es solo responsabilidad de la escuela de 8 a 13. Hay cosas que necesitamos de la primera educadora que es la familia", soltó en rueda de prensa el ministro.
El funcionario también afirmó que el caso “nos debe llamar a la reflexión” y que “excede a la escuela”, marcando el carácter inédito del hecho en Mendoza.
Cornejo impulsó una reforma el año pasado
La propuesta oficial se inscribe en una línea de endurecimiento punitivo con antecedentes recientes. A mediados de 2024, con el aval de la Legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo logró modificar el Código Contravencional para introducir la figura de la reiterancia, una herramienta que permite a los fiscales encarcelar a quienes protestan en las calles bajo el argumento de reincidencia.
Desde esa reforma, la reiterancia también opera en el Código Contravencional, consolidando un marco legal que ha sido utilizado para perseguir a opositores, gremios, asambleístas, desposeídos y cualquier actor que cuestione las políticas del oficialismo. La reforma anunciada por García Zalazar busca incorporar nuevas figuras vinculadas a la “corresponsabilidad” familiar, aunque aún no se conocen los alcances concretos del proyecto.
Más de 25 reformas punitivas desde 2015
El último informe anual de la asociación Xumek de Derechos Humanos, presentado a fines del año pasado Mendoza, indica que desde 2015, desde el inicio de la primera gobernación del radical, se han aprobado más de 25 reformas legislativas en materia penal, todas orientadas a ampliar el poder punitivo del Estado.
“La mayoría de ellas suponen potenciar, ampliar, reforzar el ejercicio del poder punitivo de las agencias del Estado tanto en las encargadas de la seguridad pública (Código de Contravenciones, Ley 9099) como así también en los órganos encargados de ejecutar las políticas criminales (reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público provincial, Leyes 8008, 8911, 8928, 9040, etc.)".”, advierte el documento. “La mayoría de ellas suponen potenciar, ampliar, reforzar el ejercicio del poder punitivo de las agencias del Estado tanto en las encargadas de la seguridad pública (Código de Contravenciones, Ley 9099) como así también en los órganos encargados de ejecutar las políticas criminales (reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público provincial, Leyes 8008, 8911, 8928, 9040, etc.)".”, advierte el documento.
El capítulo 16 del informe, firmado por el fiscal Ad-Hoc Pablo Garciarena, analiza el diseño de esta política en tándem con el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, encumbrado por Cornejo durante su primera gobernación. Según Xumek, el programa político y económico del oficialismo “se ve reforzado por mecanismos punitivos de control social y disciplinamiento”, expresados en dos niveles:
- En los procesos de criminalización primaria, mediante normas como el Código de Faltas que acuden al derecho sancionatorio como respuesta estatal frente al conflicto social.
- En los procesos de criminalización secundaria, a través de la actuación de operadores judiciales y, principalmente, de las fuerzas de seguridad.
Menciona el informe que "el Ministerio Público Fiscal viene impulsando la persecución penal por razones políticas a dirigentes sindicales, referentes sociales, ex legisladores de diferentes sectores de la oposición".
