Gremios de la salud, universitarios, Judiciales y organizaciones sociales reclamarán por el desguace del Estado y el ajuste a los salarios.
Gremios de estatales, docentes universitarios y trabajadores vuelven a confluir en las calles.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEste martes, en el marco del paro nacional, gremios docentes, profesionales de la salud y organizaciones sociales se concentrarán en el Nudo Vial para exigir la ejecución efectiva de leyes insistidas por el Congreso, apertura de paritarias y un aumento salarial equivalente al otorgado por Alfredo Cornejo a su gabinete.
Este martes 21 a las 12, gremios docentes, profesionales de la salud y organizaciones como el Observatorio de Discapacidad se concentrarán en el Nudo Vial (Vicente Zapata y Costanera) como parte del paro nacional convocado por FADIUNC y CONADU Histórica y por otra parte convocan gremios como AMProS, UPCN y Judiciales. La jornada articula reclamos salariales, exigencias legislativas y defensa de derechos gremiales, en un contexto de creciente conflictividad institucional por el desfinanciamiento de sectores sensibles como las universidades, los hospitales y las personas con discapacidad.
Desde AMProS, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, convocaron a participar de la movilización, exigiendo un aumento salarial del 40%, el mismo porcentaje que el gobernador se otorgó a sí mismo y a sus funcionarios políticos. “Exigimos apertura de paritarias YA”, remarcaron en su comunicado, visibilizando el malestar por la falta de diálogo y la pérdida de poder adquisitivo en el sector sanitario provincial.
Los Judiciales, por su parte, reclaman también apertura de paritarias y recomposición salarial "en un contexto de ajuste y desigualdad: mientras Cornejo se aumentó 40%, a los judiciales nos dieron subas por debajo del 10%", denuncian. Los Judiciales se reunirán desde las 11 en Tribunales y desde allí irán al Nudo Vial.
La protesta también se enmarca en el reclamo por la aplicación plena y efectiva de tres leyes clave: la Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Todas fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero lograron superar los dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso, lo que obliga constitucionalmente a su promulgación y ejecución.
Javier Milei ha optado por una estrategia de promulgación sin ejecución por falta de financiamiento, como quedó evidenciado con la publicación del decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. Allí se oficializó la promulgación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero se estableció que su aplicación “queda suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso defina su financiamiento. El decreto invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y condiciona la implementación a la asignación de partidas específicas en el Presupuesto Nacional, actualmente en debate.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que “corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la ley sean considerados en dicha discusión parlamentaria”, dejando en pausa las expectativas generadas por su aprobación.
Esta maniobra fue calificada por el bloque de Unión por la Patria como un “ardid para evitar garantizar los derechos establecidos por las diferentes normas”. El bloque presentó un proyecto de resolución exigiendo la inmediata implementación de las leyes insistidas, y en sus fundamentos denunció que “el Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso” y elabora “novedosos y ridículos argumentos” para evadir sus obligaciones constitucionales.
“No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley como tal fue aprobada”, remarcaron los diputados firmantes, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
La concentración en Mendoza se inscribe en una jornada nacional de protesta que también busca defender las libertades democráticas y el derecho a la organización gremial, amenazados por decretos y reformas que buscan desarticular estructuras colectivas de representación.
En este escenario, la articulación territorial entre gremios docentes, profesionales de la salud y organizaciones sociales cobra fuerza como respuesta a un modelo de ajuste que combina recortes presupuestarios, congelamiento salarial y deslegitimación institucional.