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Hebe Casado presentó la segunda parte de la Ley Hojarasca: qué leyes busca derogar

La vicegobernadora Hebe Casado avanza con otra parte de la Ley Hojarasca que abarca el período 1951-1975.

El Editor Mendoza | ElEditor Mendoza
Por ElEditor Mendoza
2 de septiembre de 2025 - 15:40

La Ley Hojarasca tendrá una segunda parte que ya vio la luz. La vicegobernadora Hebe Casado presentó el proyecto para que el Senado avance son la sanción. Hace pocos días, Diputados convirtió en ley la primera parte de la derogación de normas en desuso.

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La vicegobernadora Hebe Casado, junto al presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner; la senadora radical Natacha Eisenchlas, el senador Duilio Pezzutti y el secretario legislativo Lucas Faure.

La vicegobernadora Hebe Casado, junto al presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner; la senadora radical Natacha Eisenchlas, el senador Duilio Pezzutti y el secretario legislativo Lucas Faure.

El proyecto, según se indicó, " busca eliminar la sobrelegislación acumulada durante décadas". Así, la nueva etapa de reordenamiento legislativo abarca normativas desde 1951 hasta 1975. En la iniciativa se plantea derogar 91 normas que han perdido vigencia o que regulan aspectos ya superados por la realidad social, tecnológica y legal.

"El objetivo no es borrar la historia, sino reconocer que esas normas cumplieron un rol en su momento, pero hoy resultan obsoletas, generan confusión y burocracia. Actualizar el marco normativo significa brindar mayor claridad, transparencia y eficiencia al sistema legal mendocino", dijo la Vicegobernadora.

Las leyes más llamativas para Hebe Casado

Entre las normas propuestas para su eliminación, desde el Senado destacaron algunas por su "anacronismo":

Ley N° 3.514 – Supervisión estatal de la economía: Otorgaba poderes extraordinarios al Ejecutivo para controlar precios y márgenes de ganancia. Fue dictada durante el gobierno de facto de Onganía y hoy resulta incompatible con un sistema económico moderno y con la protección de las libertades individuales.

Ley N° 1.997 – Biblioteca Pública Legislativa: Regulaba el uso de ficheros y catálogos físicos en la biblioteca legislativa. La digitalización y nuevas formas de gestión volvieron obsoleta esta normativa.

Ley N° 2.214 – Préstamos de honor a estudiantes: Establecía créditos sin interés para jóvenes mendocinos. Los montos quedaron desactualizados y hoy existen mecanismos más sostenibles de financiamiento educativo.

Ley N° 2.989 – Pan económico en la Penitenciaría: Obligaba a producir pan en la cárcel con una inversión estatal fija. Actualmente, ese sistema fue reemplazado por servicios tercerizados y controlados sanitariamente.

Ley N° 3.013 – «Vino para el turista»: Regulaba el precio y la disponibilidad de un vino oficial en restaurantes. Hoy, la promoción del enoturismo se rige por marcos legales más modernos y eficaces.

Ley N° 3.147 – Fomento a la remolacha azucarera: Buscaba impulsar un cultivo que nunca prosperó en Mendoza, y cuya producción está concentrada en otras regiones del país.

Ley N° 3.369 – Horarios comerciales: Imponía horarios rígidos de apertura y cierre para comercios. En el contexto actual, con comercio digital y descentralización municipal, la norma perdió sentido.

Ley N° 4.049 – Subsidios para pacientes con tuberculosis: Aunque buscaba proteger a familias afectadas, hoy existen programas de salud más integrales que cubren estas necesidades.

Por qué la derogación

“Derogar estas leyes no significa borrar la historia, sino honrarla. Reconocemos que cumplieron su función, pero hoy ya no tienen aplicación práctica. Este proyecto fortalece la transparencia, la libertad y la eficiencia en Mendoza”, señalaron desde el equipo de Hebe Casado que coordina la iniciativa.

Para la Vicegobernador, este proceso de limpieza legislativa es parte de una política pública a largo plazo. "La primera etapa se había concentrado en normas previas a 1950, y el objetivo final es construir un marco normativo claro, actualizado y accesible, que permita a ciudadanos, empresas y organismos actuar con mayor previsibilidad y seguridad jurídica", cerraron desde la Cámara Alta.

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