En una jornada marcada por la expectativa y la fuerte presencia policial, jubilados y militantes de partidos políticos opositores al Gobierno se movilizaron este miércoles hacia el Congreso de la Nación para expresar su descontento. A diferencia de la semana anterior, la protesta transcurrió sin los graves incidentes que habían dejado un saldo de heridos y detenidos.
La principal diferencia con la marcha anterior radicó en la notablemente menor participación de hinchas de fútbol, a quienes el Gobierno había señalado como responsables de la violencia desatada en la protesta previa. La ausencia de estos grupos, identificados como "barrabravas" por las autoridades, contribuyó a un clima menos confrontativo.
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Incendentes menores durante la marcha
Si bien se registraron algunos forcejeos y pequeños enfrentamiento, incluyendo intentos de derribar las vallas de contención dispuestas alrededor del Congreso, la situación nunca escaló al nivel de violencia observado la semana pasada. No se repitieron los episodios de pedradas, quema de patrulleros o el ataque sufrido por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por disparos de las fuerzas de seguridad en la manifestación anterior.
La movilización comenzó alrededor de las 16:00, poco antes de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) referente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La protesta se extendió por aproximadamente dos horas, finalizando con la desconcentración de los manifestantes en la zona del Congreso sin que se produjeran incidentes significativos con la policía.
Fuerzas políticas que participaron
En esta oportunidad, el protagonismo de la marcha se desplazó hacia sectores políticos como la agrupación kirchnerista La Cámpora, que había convocado a la movilización, y organizaciones sindicales encabezadas por las dos CTA. La CGT, en cambio, tuvo una presencia más discreta, al igual que las organizaciones sociales que formaron parte del gobierno anterior de Alberto Fernández.
Durante la marcha, integrantes del Plenario de Trabajadores Jubilados llevaron a cabo un acto improvisado en la plaza del Congreso, donde exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamaron a la CGT la convocatoria a un paro general. La central obrera ya había anticipado la realización de una medida de fuerza el mes próximo, cuya fecha exacta será definida este miércoles.
Además, se hicieron visibles numerosas pancartas y consignas en solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en el Hospital Ramos Mejía recuperándose de las heridas sufridas en la manifestación anterior. Su estado de salud ha mostrado una leve mejoría en las últimas horas.
Un operativo demasiado extenso
Ante la menor convocatoria en comparación con la marcha del miércoles pasado, el amplio operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad resultó desproporcionado. Más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, fueron movilizados al Congreso y sus alrededores con el objetivo de prevenir posibles brotes de violencia similares a los de la semana anterior. Sin embargo, la protesta se desarrolló de manera pacífica, haciendo innecesaria la intervención masiva de las fuerzas de seguridad.
EL Gobierno siguió de cerca la marcha
El presidente Javier Milei, desde la Casa Rosada, supervisó el operativo de seguridad desplegado alrededor del Congreso debido a la nueva movilización en apoyo a los jubilados. Las imágenes de la represión del miércoles anterior generaron preocupación en el Gobierno, que busca evitar una escalada de violencia y preservar la imagen de Milei. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, diseñó un despliegue policial que incluyó un vallado en la calle Reconquista para bloquear el acceso al Palacio de Gobierno y mensajes disuasivos en el sistema de comunicación de los trenes del AMBA.
Casa Militar también desplegó un vallado para proteger el acceso a la Casa Rosada, y se apostaron 900 policías en los alrededores del Congreso. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.
El operativo fue coordinado por Bullrich, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.