La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra los "organizadores" de la marcha realizada el pasado miércoles, donde hubo una feroz represión policial, acusándolos de "sedición", "atentado al orden constitucional" y "asociación ilícita agravada". La denuncia, instruida por la ministra Patricia Bullrich, fue radicada en el Juzgado Federal N°11.
Los acusados
Entre los señalados en la presentación judicial se encuentran el ex líder montonero Mario Firmenich, los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, además de grupos organizados que, según la denuncia, habrían promovido disturbios con fines desestabilizadores.
El abogado Fernando Soto, en representación de la cartera de Seguridad, cuestionó la actuación de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos. En el escrito, se solicitó declarar la incompetencia de la magistrada y se evaluó la posibilidad de presentar una denuncia por "prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos" ante el Consejo de la Magistratura.
La investigación de la jueza
Por su parte, la jueza Andrade defendió su decisión y argumentó que no recibió información que confirmara la participación de barrabravas en la movilización. "Mi resolución estuvo basada en fundamentos jurídicos y en el respeto a la Constitución. No declaré la nulidad de las detenciones, lo que permite que las investigaciones sigan en manos del Ministerio Público Fiscal", aclaró en declaraciones radiales.
Según la denuncia, la movilización fue impulsada por sectores que promovían la violencia, con la supuesta participación de barrabravas de distintos clubes, además de actores gremiales y políticos. Se mencionó un video de Firmenich convocando a la protesta desde España y se aseguró que algunos participantes habrían recibido pagos para generar disturbios y enfrentamientos con la policía.
Bullrich defendió a las fuerzas de seguridad
El documento judicial también señaló que los incidentes incluyeron agresiones a las fuerzas de seguridad, incendios en la vía pública y daños materiales, con al menos una docena de policías heridos. Además, identificó a Leandro Capriotti, dirigente vinculado a Chacarita, como uno de los principales organizadores de la protesta.
Desde el Gobierno sostuvieron que los hechos de violencia registrados no fueron una simple manifestación social, sino un intento de desestabilización contra la administración del presidente Javier Milei. Sin embargo, la jueza que lleva la causa asegura que no hay evidencia de una organización delictiva.