-El Senado debate la Reforma laboral mientras afuera se manifestaban los gremios.
-La protesta fue pacífica hasta que entraron encapuchados.
Reprimieron la manfestación contra la reforma laboral.
La represión policial se desató el miércoles por la tarde frente al Congreso, en el marco del debate de la iniciativa gubernamental, luego de que un grupo de manifestantes, inicialmente no más de 30 personas, comenzara a arrojar piedras contra las vallas de seguridad.
Este incidente rompió la relativa calma que imperaba en la marcha convocada por la CGT, CTA y organizaciones sociales y políticas.
Las fuerzas de seguridad respondieron con el uso de balas de goma y el camión hidrante. El pequeño grupo disidente, que apareció encapuchado, intentó enfrentar a la policía creando una pequeña barricada improvisada con cartones, mientras que el grueso de los manifestantes retrocedió más de 100 metros del foco de conflicto.
En principio, se reportan al menos cinco detenidos. Dos de ellos, identificados como Julián Catalano y Francisco Daniel Mansilla, niegan haber participado en los disturbios y afirman ser acusados por la policía de "tirar botellas".
Lo que comenzó como una movilización masiva y pacífica en las inmediaciones del Palacio Legislativo derivó, entrada la tarde del miércoles, en un escenario de violencia, gases lacrimógenos y detenciones. Mientras en el recinto la Cámara baja debatía la ambiciosa iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, las calles adyacentes se transformaron en un campo de batalla que alteró por completo el pulso de la jornada.
La movilización, convocada originalmente por la CGT, las dos vertientes de la CTA y diversas organizaciones sociales y políticas, mantenía un clima de calma tensa hasta pasadas las 16:00 horas. Sin embargo, la paz se quebró de forma abrupta cuando un grupo reducido de aproximadamente 30 personas, que se encontraban con el rostro cubierto, irrumpió en la primera línea de la manifestación.
El foco del conflicto se originó sobre la Avenida Entre Ríos, donde el operativo de seguridad había dispuesto un vallado perimetral para blindar los accesos al Congreso de la Nación. Según testigos presenciales, este grupo de encapuchados comenzó a desprender baldosas y a lanzar piedras y objetos contundentes contra los efectivos policiales que custodiaban el área.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata y contundente. Aplicando de manera estricta el protocolo de orden público, la Policía avanzó sobre la multitud utilizando balas de goma y el despliegue del camión hidrante, que arrojó agua para dispersar a los focos de resistencia.
"Fue una situación muy confusa. Estábamos manifestándonos tranquilos cuando aparecieron estos grupos y todo se desmadró en pocos minutos", relató un asistente a la marcha que debió refugiarse en un comercio cercano.
Mientras el grueso de la columna de la CGT y el resto de la convocatoria retrocedía más de 100 metros para evitar el impacto de los gases y las postas de goma, el grupo disidente intentó sostener la posición. Los manifestantes radicalizados improvisaron una barricada con pedazos de cartón y restos de mobiliario urbano para hacer frente al avance de los uniformados, generando un impasse de alta violencia que duró cerca de media hora.
Al cierre de esta edición, las autoridades de seguridad confirmaron que hay al menos cinco detenidos como consecuencia de los disturbios. Entre los nombres que trascendieron oficialmente se encuentran Julián Catalano y Francisco Daniel Mansilla. Ambos hombres fueron interceptados por efectivos policiales en medio del caos y trasladados a las dependencias correspondientes.
La detención de Catalano y Mansilla no estuvo exenta de polémica. En declaraciones a los medios presentes durante su traslado, ambos aseguraron ser inocentes y no haber participado de las agresiones. "No hicimos nada, nos agarraron al azar y nos acusan de tirar botellas", gritó uno de ellos mientras era escoltado por el personal de infantería.
El operativo policial logró finalmente despejar las arterias principales, aunque el ambiente en la zona de Plaza Congreso permanece enrarecido. Desde el Gobierno, se justificó el accionar policial argumentando que no se permitirá la ruptura del orden democrático ni el daño a la propiedad pública. Por su parte, los referentes de las organizaciones sociales denunciaron una "provocación armada" para deslegitimar el reclamo genuino contra las reformas propuestas.