- Seis municipios van a las urnas el 22 de febrero
- La campaña arranca con tres candidatas en el limbo e impugnaciones por resolver
Los partidos políticos y frentes arrancan formalmente la campaña electoral en seis municipios rumbo al 22 de febrero.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLas elecciones municipales que tendrán Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y San Rafael del 22 de febrero toman forma. La campaña electoral arranca hoy y eso marca algunos plazos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el límite para inaugurar obras. Se eligen concejales y convencionales constituyentes en el sur.
De acuerdo al cronograma, la campaña arranca hoy 18. En diez días, el 28 de enero, se podrá hacer publicidad gráfica y en la vía pública. En el medio de este desandar, hay temas a resolver en el que los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen un rol clave.
Una de las fechas clave es el 6 de febrero porque es el último día para inaugurar obras. Un día después, el 7 de febrero, se dará inicio a la publicidad audiovisual y también es la fecha límite para la impresión de la boleta única. El 20 de febrero, a las 8 de la mañana, empieza la veda electoral porque 48 horas después, el 22 a la misma hora, se dará inicio al acto electoral.
La Secretaría de la Junta Electoral provincial tuvo un enero agitado. Lo sigue teniendo en realidad. Desde Navidad hasta ahora, tuvo cierre de alianzas y de listas de candidatos que no estuvieron ajenos a polémicas e impugnaciones, además de las instancias formales como audiencias, sorteos y demás.
De hecho, los dilemas por el nombre del frente del kirchnerismo se terminaron de resolver los primeros días de enero, luego de que presentaran a las listas de candidatos. En ese sentido, dependió de las resoluciones que llegaran de la Junta Electoral, que integran los siete ministros de las Suprema Corte además de las máximas autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados.
Con el correr de los días se fueron acumulando asuntos que deben resolverse. Uno de ellos le cae a la Suprema Corte de Justicia, presidida por Dalmiro Garay y es el aval, o no, a tres candidaturas a concejales.
Se trata de los casos de Débora Quiroga (Ahora Santarrosinos) que quiere competir en Santa Rosa; Romina Barrera (Frente Elegí Gestión La Paz) en La Paz y Paloma Scalco (Frente Patria) en Luján de Cuyo. El común denominador entre ellas es que desafían la ley que limita la reelección de concejales.
La Secretaría de la Junta Electoral las notificó de la situación y se defendieron pero ante un nuevo rechazo, se les abrió la vía judicial para que el máximo tribunal (de feria) resuelva el tema. Se entiende que en febrero habrá novedades porque en todo el 2025 no se resolvió la cuestión de fondo de un caso anterior, que habría destrabado el asunto.
El inconveniente es la modificación que se le hizo en el 2024 a la Ley Orgánica de Municipalidades, limitando las reelecciones a concejales y dejó las reglas equiparadas a los intendentes: un mandato y una sola reelección. No obstante, los cambios en la norma no son del todo aclaratorios con respecto a los casos en los que se transitaba un segundo período.
"Art. 44: Los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo. Podrán ser reelegidos por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período”, dice textualmente la norma luego de los cambios.
Martín González defendió su lugar con un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar. Esta última fue la que le permitió jugar en las elecciones con votos divididos de la Suprema Corte. Para Dalmiro Garay -que tuvo el apoyo de María Teresa Day y Norma Llatser-, no correspondía hacer lugar a la medida cautelar.
Mientras que para Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio, correspondía habilitar la candidatura dado que "la retroactividad de la ley es una excepción que debe ser expresa". Es decir, al no estar, se entiende que no debe cambiar las reglas para quienes transitan el mandato. Así, González es el caso emblema detrás del que irán al menos dos de las candidatas.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia debía resolver, en pleno, ese pedido de inconstitucionalidad. Por lo tanto, al no estar resuelta la cuestión de fondo, el único antecedente es la votación de la cautelar que fue favorable a las aspiraciones del edil. Las tres confirmaron que irán al máximo tribunal y en caso de seguir la misma estrategia de González, se ilusionan con tener el mismo final y poder competir el 22 de febrero.
Otro asunto que debe resolver el máximo tribunal es la jugada judicial con la que José Luis Ramón pretende frenar las elecciones a convencionales constituyentes en San Rafael. El diputado, y presidente de Protectora se presentó con dos ciudadanos sanrafaelinos a cuestionar el proceso electoral por el que Omar Félix aspira sellar la autonomía municipal.
El líder de la frazada objeta la votación de la ordenanza sobre la autonomía municipal, que según dice debía contar con dos tercios de los votos y se aprobó con mayoría simple; remarcó que la Constitución de Mendoza exige un plebiscito previo, donde la ciudadanía se expida por el "sí" o el "no" a la redacción de una Carta Orgánica, entre otros puntos.
Un detalle no menor: el planteo llega, en plena feria judicial, y un mes después de que la Junta Electoral notificara el cronograma. Ramón no cuestionó un solo acto administrativo mientras fueron sucediendo, pero después del cierre de alianzas y listas, del que Protectora no participa en el sur provincial, fue a la Suprema Corte y se encargó de que todos los medios de comunicación, como es su estilo, se enteraran.
Al margen de las verdaderas intenciones que hay detrás de esta movida, de la que hay más dudas que certezas, el máximo tribunal tiene, a priori, una medida cautelar y también un pedido de inconstitucionalidad que resolver. A esperar hasta febrero porque la feria no se habilitó para estos temas.
Después del culebrón por el nombre del frente y las impugnaciones de la alianza del PJ contra el Frente Patria, la coalición del kirchnerismo, pasó lo que iba a pasar. A la hora de confirmar los colores y logos para la boleta, aparecieron las objeciones. Pero no fue un tema solamente entre peronistas.
El apoderado del Frente de Izquierda impugnó a Protectora por el uso del color rojo, dado que se asemeja a la tonalidad utilizada en las últimas elecciones. Ante la observación, desde el el partido que preside José Luis Ramón, se argumentó que el Pantone (sistema universal de identificación y comunicación del color) elegido, es un color que está registrado con exclusividad para el uso del partido y amaga a ir a la Suprema Corte si escala.
Un rato después, empezó el festival entre "compañeros". El Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo marcó que el Frente Patria usa un color que "genera un estado de proximidad visual" pese a la distancia en la boleta. Argumentan que el celeste elegido está identificado culturalmente con el Partido Justicialista por lo cual solicitaron que ningún partido que no forme parte de esa alianza, pueda usarlo.
Luján no fue el único caso en el que discutieron por el uso de la paleta de colores. Ocurrió lo mismo en Rivadavia y San Rafael. Cecilia Juri, la apoderada del Frente San Rafael Futuro (la coalición K en el sur) defendió el uso argumentando que las tonalidades son distintas. Incluso, en San Rafael, que ambos usan el nombre de la comuna, la defensa se centró en que la tipografía es diferente y la ubicación, muy distante.