El Jury resolvió, por votación dividida, que el juez haga un descargo. La campaña ya empezó, el PJ evidenció diferencias y el máximo tribunal también.
El Jury de Enjuiciamiento sentó a la Corte, diputados y senadores de distintos partidos políticos con una causa de alto voltaje.
Poder JudicialEl Jury de Enjuiciamiento al juez Sebastián Sarmiento tuvo una instancia clave sobre qué pasará con el proceso. Por mayoría, no se archivó la denuncia impulsada por la hija de una víctima fatal que murió a manos de un preso que, según la acusación, fue beneficiado por el magistrado. El impacto de la campaña.
Los 21 miembros, entre los que están los 7 ministros de la Suprema Corte, 7 diputados e igual cantidad de senadores definieron darle traslado al magistrado del fuero penal para que responda en 10 días hábiles desde que es notificado. Esa instancia, que es una especie de derecho a defensa fue bancada por 9 legisladores oficialistas y también de la oposición además de algunos supremos que llegaron postulados por el radicalismo, a excepción de José Valerio.
Así, a Sarmiento le llegará formalmente el escrito presentado por Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes quien fuera ultimado en su casa a manos Roberto Rolando Pereyra Cruz quien tenía antecedentes penales por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas. Murió en ese enfrentamiento con el ex presidente del Partido de los Jubilados. En ese momento se dijo que el delincuente tenía una condena por un hecho de febrero del 2016. Le dieron 12 años y 6 meses. En abril de 2023 le dieron la libertad condicional.
A la hora de la votación no sorprendió que los diputados de Cambia Mendoza, Jorge López, Daniel Llaver, Mauricio Torres, Ricardo Tribiño y Beatríz Martínez; junto a los senadores Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas y David Saez votaran a favor de darle el traslado y de hecho, empujarán en la próxima instancia, por iniciar el jury al magistrado.
Lo curioso fue que en el PJ hubo división: el senador kirchnerista Helio Perviú votó por el archivo y, tanto el diputado Germán Gómez como el senador Mauricio Sat, que responden políticamente al presidente del partido, Emir Félix, acompañaron la iniciativa de darle traslado a Sarmiento y escuchar (más bien leer) qué tiene para decir.
Esta postura no implica una postura a favor de iniciar el juicio político, pero es al menos evitarse el título en los diarios y las chicanas políticas acusando al PJ de bancar a un juez tildado de "garantista" que beneficia a presos en un año electoral. El dato no es menor porque con el caso de Eduardo Martearena, también ubicado en la misma ala que Sarmiento, pasó lo contrario cuando en marzo del 2024 enfrentó una denuncia por mal desempeño impulsada por el diputado Enrique Thomas (Cambia Mendoza).
Los mismos tres peronistas rechazaron, desde el inicio, la denuncia y argumentaron que el mal desempeño no estaba bien fundamentado, que no había precisiones respecto de lo que se denunciaba y tampoco había pruebas. En el terreno de las especulaciones podría decirse que la denuncia contra Sarmiento no está mal fundamentada pero que, al menos, quieren saber qué dice el juez.
Hay otros condimentos más: dos de los casos mencionados en la denuncia tienen asiento en San Rafael. Uno de ellos es aberrante porque involucra a una menor de edad. Sarmiento le dio beneficios de salidas a un preso que cumplía condena por un doble homicidio, y que en una de esas salidas abusó de una nena de 12 años. El otro caso involucra a dos hermanos que también estaban presos y hubo trasladados a San Rafael, aparentemente, sin fundamentar.
La decisión de acompañar el traslado de la causa al juez les permite desmarcarse del kirchnerismo y ganar tiempo para evaluar qué decisión tomar, además de algo no menos importante: cómo explicarlo. Semanas atrás, una fuente que sigue el caso comentó: "Cómo le explicamos a la hija de Pelayes que le rechazamos la denuncia a un juez que benefició a un tipo que mató al padre. Al menos hay que investigarlo".
En caso de votar en contra del Jury, la desazón de Melisa Pelayes, que estuvo esta mañana a la espera de qué pasaba con el jury al juez, recorrerá medios, redes sociales y por qué no podría ser parte del discurso político cuando hoy, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente. El impacto puede ser duro. Ya lo fue verla con lágrimas en los ojos ilusionada con el avance del proceso luego de que se conociera la decisión de los miembros. "Nos escucharon que es lo que estábamos buscando, así que ahora es esperar y confiar en el proceso", dijo.
Con esta decisión, el PJ gana tiempo y se desmarca del kirchnerismo que pretendía archivar la denuncia contra Sarmiento. Helio Perviú evitó hablar con la prensa. Durante agosto se sabrá si el magistrado acusado se expresa y luego, deberán definir qué hacen. En esa instancia, de apertura del jury, los votos no son secretos. Se sabrá uno por uno qué decidió. Lo mismo ocurre si se abre el proceso y al llegar al momento de definir la sanción, que puede ser la destitución, todos los nombres de conocerán públicamente.
En caso de oponerse al jury, el oficialismo tratará de emparrillar a La Cámpora, al peronismo basándose en la protección a un juez que defiende a los delincuentes y no a la víctimas. Y del otro lado, seguramente habrá respuestas relacionadas a la independencia judicial y la influencia de la que acusan al Gobierno de ejercer sobre uno de los poderes del Estado. Aunque, toda reacción puede sorprender.
Jorge Difonso, también entendió por dónde iba el asunto. El diputado sancarlino indicó que "se ha cumplido con un deseo y un reclamo de la ciudadanía, que las instituciones estén para solucionarle los problemas y no para complicarlos, que los funcionarios en el lugar que estén rindan cuentas, que no pueden hacer acciones sin rendir cuentas, y este es un paso adelante. Acá hay un juez que va a dar respuestas, tiene que dar respuesta".
"Así como da respuesta el juez, quien tiene que dar respuesta es el Ministerio de Seguridad, todo el sistema penitenciario, el Ministerio Público Fiscal que no apeló la medida, el Gobernador que no ha reglamentado la ley de servicio penitenciarios. Es decir, acá la política es la que tiene que dar soluciones por el tema de la seguridad", dijo.
No sólo la política dio gestos, también la Suprema Corte de Justicia que votó en forma dividida sobre archivar o no la denuncia. El presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay junto a María Teresa Day y Norma Llatser votaron por darle traslado al juez de la causa y que se exprese.
Pero, del otro lado hubo cuatro votos que pensaron lo contrario. A los tres supremos del ala peronista que son Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, se sumó José Valerio quien es el coordinador del fuero penal, es decir tiene bajo su órbita el funcionamiento del ámbito en el que se desempeña Sarmiento y querían el archivo de la denuncia.
El ministro de la Corte llegó postulado por Alfredo Cornejo en su primer mandato por su perfil "manodurista" y fue el encargado de reformar el fuero con la ley 9040 que creó el Fuero Penal Colegiado integrado por los Tribunales Penales Colegiados y los Juzgados Penales Colegiados.
Desde hace tiempo viene apuntando al Gobierno cada vez que éste cuestiona las decisiones de la justicia o el funcionamiento. Años atrás, de Jorge Nanclares se decía que era el ministro más peronista de los radicales. Hoy, para algunos, ese perfil lo heredó Valerio.
Sarmiento tuvo un encontronazo con el máximo tribunal por la decisión del retiro de los celulares de las cárceles. Un fallo de la Corte, de octubre del año pasado, habilitó la quita en un período de seis meses en una decisión de la que Valerio fue parte. Bancó la condición impuestas que, para el retiro de celulares, se instalaran de teléfonos públicos en los pabellones.
El magistrado interpuso un habeas corpus en abril de este año y frenó el proceso porque no se estaban garantizando el acceso a un teléfono cada 200 internos. Tras el escándalo y las críticas, se apartó de la causa. Hoy, Valerio fue uno de los que expuso en contra de avanzar con el jury al juez.