El diputado Ambrosini y los hijos de una de las víctimas por homicidio explicaron el pedido de la sanción. Se incluyó la polémica por celulares en cárceles.
El diputado Franco Ambrosini da detalles del pedido de jury al juez Sebastián Sarmiento, acompañado por los hijos de Héctor Pelayes.
El juez Sebastián Sarmiento deberá esperar que el Jury de Enjuiciamiento admita o no la denuncia presentada por el diputado radical Franco Ambrosini, quien indicó que lo hace en calidad de ciudadano y patrocinante, y no como legislador junto a la hija de Héctor Pelayes, policía retirado que murió asesinado por un preso con libertad condicional.
En el escrito que ingresó formalmente hoy, los denunciantes argumentan los casos que tienen en cuenta para considerar que Sarmiento incurrió en mal desempeño de sus funciones de acuerdo al artículo 11, inciso a, de la ley de Jury de Enjuiciamiento. Cabe recordar que este órgano es el encargado de sancionar la conducta de los magistrados y funcionarios que, por disposición Constitucional, necesitan del Acuerdo del Senado para su designación.
Los rumores sobre el pedido de Jury a Sarmiento sobrevolaron cuando ocurrió la polémica por la suspensión del retiro se celulares de las cárceles. Sin embargo, no es el único caso. El gobernador Alfredo Cornejo había cargado contra los magistrados por las penas otorgadas en las sentencias luego de la golpiza que sufrió una empleada en Godoy Cruz. El sujeto tenía frondosos antecedentes.
Con la denuncia presentada, deberán reunirse los miembros y admitir, o no, la denuncia presentada en contra de Sarmiento. En caso de avalarla, empieza el proceso que determinará si efectivamente hubo mal desempeño o no, arriesgando una sanción máxima que es la destitución.
Presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, integran el Jury el resto de los miembros del máximo tribunal (7) e igual cantidad de representantes de la Cámara de Diputados y también 7 lugares que provienen del Senado provincial. La mayoría simple para las decisiones son 11 avales.
"A solicitud de los familiares de Pelayes, hemos presentado formalmente el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez, el doctor Sebastián Sarmiento a los términos de lo que establece la Constitución Provincial y la ley 4970 de nuestra provincia, que regula todo el procedimiento del jury. Lo hacemos convencidos de que los mendocinos necesitamos jueces comprometidos con la ley, jueces que respeten las instituciones, pero por sobre todas las cosas, que nos cuiden la vida de los mendocinos", dijo Ambrosini luego del ingreso formal del escrito.
El legislador que aclaró hacer la presentación en calidad de ciudadano común y como patrocinante de Melisa y Martín Pelayes, hijos de Héctor Pelayes quien murió abatido por con Roberto Rolando Pereyra Cruz quien tenía antecedentes penales por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas. “Tenía una condena por un hecho de febrero del 2016. Le dieron 12 años y 6 meses. En abril de 2023 le dieron la libertad condicional”, aseguraron conocedores del caso en aquel momento.
"Se acercó Melisa Pelayes pero investigando descubrimos que hay otros casos que hemos fundamentado en la presentación de este pedido de Jury de Enjuiciamiento. Voy a nombrar tres para hacer mérito a la brevedad", indicó el legislador radical y describió los casos de Héctor Pelayes, de los hermanos Martínez Oviedo (San Rafael) y también el de Pardo Olguín quien abusó de una nena de 12 años. Hay que agregar el de Héctor Quiroga, también asesinado.
Para Ambrosini, el cuadro de situación es claro: "Sin estas decisiones, Pelaya y Quiroga estarían con vida y la nena de 12 años no tendría arruinada la vida por las reiteradas ocasiones de sus violaciones con acceso carnal. Nosotros necesitamos jueces que estén comprometidos, como lo decía anteriormente, que estén comprometidos con la ley, que respeten las instituciones, pero por solo todas las cosas, que nos cuiden".
"Esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad. Entonces saltaron a la luz otros casos, se contactaron con nosotros, que obviamente no tuvieron la oportunidad o por ahí no se animaron a hablar", contó Melisa Pelayes sobre el proceso de armado de los argumentos para pedir la sanción de Sarmiento que arriesga la destitución.
Para la joven "no podíamos seguir esperando que pasara algo que debería pasar, que es vivir con seguridad, vivir con justicia. Entonces lo que nosotros, como familia, hemos reiterado en varias oportunidades es que necesitamos que la justicia funcione, que la seguridad funcione y no puede funcionar si siguen liberando a los delincuentes, y quienes deberían garantizarnos esa justicia, esa seguridad, siguen liberándolos o siguen beneficiándolos o siguen atentos sólo a las necesidades de los delincuentes y no de la sociedad, no de los mendocinos".
"Ahora nos pasa a nosotros como familia, pero le puede pasar a cualquiera. No podemos seguir con miedo. Me contacté con Franco (Ambrosini) por las redes sociales, y ha sido un apoyo grandísimo para nosotros en todo este proceso. Más allá todo, nosotros lo legal mucho no lo manejamos y necesitábamos el apoyo y él nos ha ayudado enormemente. Estamos esperando que también la gente nos acompañe, nos apoye y que se logre la justicia para todo Mendoza", dijo.
Un párrafo aparte es el del retiro de los celulares a las personas privadas de la libertad. Las tensiones entre el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario provincial y el juez Sarmiento insumieron algunos meses. Todo escaló cuando Sarmiento ordenó suspender el retiro de los celulares de las cárceles de la provincia de Mendoza.
El Poder Ejecutivo presionó mediáticamente y el magistrado dio un paso al costado. El juez Juan Manuel Pina decidió aceptar la apelación del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien en representación del Gobierno de Mendoza se había opuesto a la decisión de Sarmiento.
"Él tomó decisiones que son propias del Ejecutivo, que en el caso de esto es el Servicio Penitenciario, y también medidas que también son del Poder Legislativo. Avasalla todos los poderes. Le da órdenes al Servicio Penitenciario de las inversiones que tiene que realizar para todos los presos en tecnología y demás", indicó Ambrosini.