La justicia postergó una vez más la audiencia para definir el destino de Mauricio Cornejo, el vecino de Uspallata detenido el 24 de febrero tras protestar contra la mina San Jorge.
La Justicia determinó que el vecino y comerciante de Uspallata preso después de protestar contra San Jorge siga en el calabozo.
Mauricio Cornejo, vecino de Uspallata que participó en protestas contra San Jorge.
Santiago Tagua / ElEditor MendozaLa justicia postergó una vez más la audiencia para definir el destino de Mauricio Cornejo, el vecino de Uspallata detenido el 24 de febrero tras protestar contra la mina San Jorge.
Del 11 de marzo pasó al 14 y en las últimas horas volvió a postergarse para el 30 de marzo la citación llamada "de control jurisdiccional", que determina si son adecuadas las condiciones de su detención, entre otros detalles del proceso judicial.
La dilación implica también la postergación de la citación a las testimoniales ofrecidas por sus abogados defensores. Es decir, este comerciante y también músico de Uspallata pasará un mes, al menos, encarcelado.
El caso, evalúan asambleístas y los abogados de la defensa, es un claro ejemplo de persecución política.
La decisión fue tomada por la jueza Claudia Tula -quien accedió a ese cargo a propuesta del cornejismo en 2022- y como el fiscal, Juan Manuel Sánchez, no pidió la domiciliaria, seguirá tras las rejas.
Cornejo está detenido a instancias de una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Uspallata. Sin embargo, según confiaron los abogados de la causa a ElEditor Mendoza, el denunciante no aportó testigos que ratifiquen sus dichos. por otra parte, el asambleístas no tiene antecedentes que justifiquen una detención tan prolongada.
La postergación de audiencias decisivas en las causas contra asambleístas es una constante del oficialismo a los fines de mantener transitando los pasillos de tribunales y calabozos a quienes se opongan a sus políticas. Para muestra bastan los casos de los opositores gremialistas a los que se les inició causas por protestas en las calles y el de otra asambleísta, Nora Moyano, quien desde diciembre de 2019 tiene una causa abierta por "privación ilegítima de la libertad" a raíz de las protestas afuera de la Legislatura, de la que participaron miles de mendocinos.
La denuncia contra este asambleísta realizada por Vera derivó en una imputación por "amenazas coactivas agravadas". Después de denunciar a Cornejo, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros implicó a otro vecino y asambleísta, Federico Soria, en la misma denuncia.
Según el empresario, Cornejo y Soria, lo increparon en la calle diciéndole que "se iba a tener que ir de Uspallata". No presentó ningún testigo, según reveló a este diario Alfredo Guevara, el abogado que defiende a Soria en esta causa. Además, Vera denunció, en el marco de una pelea personal, a otras dos personas que participaron de la quema de su negocio, ero no son asambleístas.
La orfandad de pruebas y la maniobra de la jueza y el fiscal para mantener preso a Cornejo da sustento a las Asambleas para calificar a Mauricio Cornejo como un "preso político", como denunciaron en las ´últimas protestas en las calles de Mendoza.
La detención de Cornejo se produjo en medio de una intensa puja del Gobierno y los empresarios dueños del Proyecto San Jorge por imponer finalmente, tras más de 15 años, la instalación de la mina en esa villa cordillerana.