La reforma laboral que impulsa a Milei desfinancia a las provincias: Mendoza perdería más de $70 mil millones
La reforma laboral modifica contribuciones patronales y el Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable. Milei negocia con los gobernadores contrarreloj.
PorGabriela Valdés
5 de febrero de 2026 - 08:18
Compartí esta nota:
La reforma laboral que impulsa Milei significará un perjuicio a las finanzas de Mendoza. Lo admitió el propio ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
Los puntos centrales del impacto fiscal de la reforma fueron analizados en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundido en las últimas horas. El Gobierno nacional puso todas sus fichas en la aprobación, al punto que postergó el tratamiento de otra ley que considera clave, la Ley de Glaciares, para enfocarse en que salga la reforma laboral.
La discusión por la rebaja del Impuesto a las Ganancias se convirtió en el principal punto de disputa entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la reforma laboral dado que en las jurisdicciones no quieren sufrir una merma de sus recursos en 2027, el año de elecciones donde la gran mayoría buscarán renovar su mandato o aspirarán a la presidencia.
Rebaja del Impuesto a las Ganancias
El informe detalla que la rebaja de Ganancias —del 35% al 31,5% para grandes empresas y del 30% al 27% para las más pequeñas— generará un costo fiscal de USD 2.279 millones anuales.
Como este tributo es coparticipable, las provincias verán recortados sus ingresos automáticos. Mendoza, junto a Salta y Neuquén, figura con una merma del 2,5% en su recaudación nacional, lo que equivale a un recorte significativo en su presupuesto. En un contexto de estrechez fiscal, la advertencia es clara: menos recursos para sostener servicios públicos y políticas sociales.
mendoza reforma.jpg
Fuente: CEPA
mendoza reforma 1 NUEVO.jpg
Reducción de contribuciones patronales
El impacto no se limita a Ganancias. CEPA subraya que la reforma laboral incluye una reducción generalizada de contribuciones patronales, que pasará del 20,4% al 17,4% en servicios y comercio grandes, y del 18% al 15% en el resto del sector privado. El costo fiscal de esta medida asciende a USD 2.070 millones anuales, equivalente al 0,32% del PBI. Para Mendoza, donde el sector servicios y comercio tiene un peso relevante, la caída de recursos se suma al recorte por Ganancias, configurando un escenario de doble impacto.
Otro punto crítico es la rebaja de aportes patronales a las obras sociales sindicales, que pasan del 6% al 5%. Según el informe de los economistas del CEPA, esta reducción implica una transferencia directa de USD 679 millones anuales al capital, equivalente al 0,1% del PBI.
En Mendoza, donde los gremios sostienen buena parte de la cobertura de salud laboral, la medida amenaza con desfinanciar el sistema y trasladar costos a los trabajadores.
El informe también analiza la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nutrido con un 3% de la masa salarial bruta. Este fondo podrá cubrir indemnizaciones y otras prestaciones derivadas del despido, pero al ser compensable con contribuciones patronales, recorta los recursos destinados al SIPA, PAMI y asignaciones familiares.
Advierte el documento que el esquema abarata la desvinculación laboral y desfinancia el sistema previsional, preparando el terreno para una futura reforma jubilatoria. En provincias como Mendoza, con una población envejecida y fuerte dependencia de las transferencias previsionales, el riesgo es doble: menos ingresos y mayor presión sobre el sistema de seguridad social.
La reforma incluye además el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% para nuevas contrataciones, y la Promoción del Empleo Registrado (PER), un blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales y previsionales. Para CEPA, estas medidas consolidan un esquema de reducción de aportes que erosiona la recaudación y debilita los incentivos al cumplimiento futuro.
Pérdida de derechos laborales
En paralelo, el informe describe la pérdida de derechos laborales: fraccionamiento de vacaciones, eliminación de horas extra mediante banco de horas, reducción salarial post accidente o enfermedad, exclusión de trabajadores de plataformas de la Ley de Contrato de Trabajo y limitación del derecho de huelga en más del 55% de las actividades económicas. La conclusión es contundente: la reforma no solo recorta derechos, sino que también redistribuye recursos fiscales en favor del capital.
El funcionario advirtió que la provincia enfrenta una pérdida mensual de 20 mil millones de pesos respecto a 2023 y que la reducción de Ganancias agrava la fragilidad de las cuentas públicas. “Desde lo fiscal es un momento sumamente complejo para seguir agregando disminución de recursos”, señaló. Aunque buscó moderar su crítica para no tensionar la relación política entre el gobernador Alfredo Cornejo y la Casa Rosada, su diagnóstico coincide con las proyecciones de CEPA.
Mendoza como caso testigo
Con una pérdida estimada de más de $70 mil millones anuales, la provincia enfrenta un escenario de ajuste que compromete su capacidad de financiamiento. Lo que CEPA describe como una transferencia millonaria del trabajo al capital se traduce, en términos concretos, en menos recursos para hospitales, escuelas y servicios públicos. Y en un país donde la coparticipación es el principal sostén de las provincias, la reforma laboral abre un nuevo frente de conflicto entre la Nación y los gobernadores.
