Mendoza Fiduciaria informó los montos que adeudan las comunas por el financiamiento del sistema. Desmentida desde el municipio alvearense.
Los aviones ayudan a mitigar los efectos de la tormenta.
foto de archivoEl sistema de la lucha antigranizo parece no tener paz en Mendoza. La disputa política de comienzos de año por la decisión del Gobierno provincial de no continuarla -luego hubo un acuerdo y se reestableció- y con la firme posición de los municipios del Sur para llevarla a cabo.
Se acordó un monto para la comuna de San Rafael y General Alvear, y otro monto que puso el Ejecutivo provincial para el financiamiento de este sistema que ayuda a mitigar los efectos de las tormentas sobre superficies cultivadas.
Este martes surgió una noticia de una presunta deuda millonaria de parte del gobierno alvearense de Alejandro Molero a Mendoza Fiduciaria, entidad que administra el fideicomiso y que emitió un documento donde resaltaba los valores adeudados por las municipalidades sureña.
En un principio se indicó que General Alvear tenía una deuda total de casi 600 millones de pesos, de los cuáles había abonado solo el 30%. Esta información fue desmentida por fuentes del municipio, quienes confirmaron que “lo único que se adeuda, y que aún no vence, es la última cuota porque el municipio ya abonó 460 millones de pesos de lo que le correspondía, que eran 530 millones. También es mentira que hay mayor recaudación por el componente que se cobra en la factura de luz”.
Por su parte, el municipio de San Rafael abonó la totalidad de su parte, aunque solo le restarían cancelar los costos del sistema de lucha antigranizo (cerca del 17%) que impulsaron en el Sur desde enero hasta fines de abril.
El sistema de la lucha antigranizo es un programa que tiene como fin proteger los cultivos de las zonas agrícolas de la provincia, como es el caso de muchas fincas del Sur mendocino. Los aviones venían trabajando con normalidad hasta que, a principios de 2025, el Gobierno provincial decidió eliminarlo.
Tras varias reuniones e idas y vueltas, se resolvió que los municipios de San Rafael y General Alvear se iban a hacer cargo del financiamiento del sistema, con un mínimo aporte del Ejecutivo.