-Se define la flexibilización del uso de periglaciares para la minería en el Congreso.
-Alfredo Cornejo es uno de los tres gobernadores promineros impulsores.
Cornejo es el mentor del proyecto de Ley para habilitar la minería en los periglaciares.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Cámara de Diputados de la Nación tratará este jueves el proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Según marchaba el poroteo a menos de 24 horas de la discusión, al gobierno le faltaban unos cinco votos para darle el gusto a tres gobernadores, Alfredo Cornejo entre ellos, y las mineras.
La definición se conocerá al final de una jornada que se anticipa maratónica y cargada de tensiones tanto dentro como fuera del recinto. El mendocino Alfredo Cornejo lidera la movida parlamentaria contra la protección que impide las actividades mineras en las zonas periglaciares.
La sesión tendrá lugar tras semanas de intensas negociaciones entre el Poder Ejecutivo, los gobernadores de las provincias cordilleranas y los bloques de la oposición, en lo que representa uno de los debates legislativos más trascendentales para la configuración económica y ambiental de la Argentina en la próxima década.
Se espera que la sesión comience con una votación "en general" cómoda, pero el verdadero conflicto surgirá en la votación en particular del Artículo 2 (definición de glaciar). Allí, varios de los que apoyan el proyecto podrían votar en contra para no quedar asociados a la "desprotección" del agua, lo que podría dejar la reforma como una cáscara vacía de contenido técnico.
El núcleo de la discusión radica en la modificación de los artículos que definen el alcance de la protección estatal. El proyecto impulsado por el oficialismo busca precisar —o restringir, según denuncian las organizaciones civiles— la definición de ambiente periglaciar, condicionando su protección a que estos suelos congelados tengan una función hídrica "actual, efectiva y relevante" para las cuencas inferiores. Esta distinción técnica no es menor: de su aprobación depende la viabilidad de proyectos mineros de gran escala, especialmente de cobre y litio, que hoy se encuentran frenados por la superposición geográfica con áreas protegidas.
Desde el sector productivo, agrupado en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y respaldado por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), sostienen que la ley actual, sancionada en 2010, posee una "ambigüedad técnica" que ha judicializado la actividad. Según fuentes del sector, la reforma es el "complemento indispensable" para que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) logre atraer los desembolsos previstos en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. Argumentan que la transición energética global demanda minerales que solo pueden extraerse en la zona andina, y que la protección debe centrarse en los glaciares blancos y de escombros que realmente aportan agua al sistema.
En la vereda opuesta, el Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha mantenido una postura cautelosa pero firme respecto a la integridad del Inventario Nacional de Glaciares. Científicos del organismo y representantes de la Universidad Nacional de Cuyo advierten que el ambiente periglaciar actúa como un regulador hídrico fundamental en contextos de sequía extrema, un fenómeno que se ha agudizado en la región de Cuyo debido al cambio climático. La eliminación de la protección sobre áreas de suelo congelado podría, según los expertos, alterar de forma irreversible el caudal de los ríos que abastecen el consumo humano y el riego agrícola.
El escenario político en el Congreso se presenta fragmentado. El bloque oficialista cuenta con el apoyo casi unánime de los legisladores que responden a gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes ven en la minería un motor de desarrollo fiscal. Sin embargo, sectores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un ala del Unión por la Patria han manifestado su rechazo tajante, calificando la iniciativa como un "retroceso ambiental sin precedentes". El foco de resistencia se centra en que la reforma delega en las autoridades provinciales la facultad de determinar qué áreas son protegibles, lo que podría generar estándares de control dispares en la Cordillera de los Andes.
Fuera del palacio legislativo, se espera una fuerte movilización convocada por la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) y organizaciones internacionales como Greenpeace. Las consignas "El agua vale más que el oro" y "La Ley de Glaciares no se toca" volverán a resonar en la Plaza de los Congresos, recordando las históricas batallas legales que rodearon a proyectos como Pascua-Lama y Veladero.
La votación, prevista para la madrugada del viernes, se encamina a un resultado ajustado. De obtener la media sanción, el proyecto pasará al Senado de la Nación, donde el peso de los gobernadores es aún mayor. Lo que se define hoy en Buenos Aires no es solo un marco regulatorio, sino el delicado equilibrio entre la urgencia de divisas y la preservación de los recursos estratégicos en un mundo con sed de agua y metales.
El conteo de votos —el siempre imprevisible "poroteo"— para la sesión de este jueves 26 de febrero se encuentra en una zona de paridad técnica que mantiene en vilo a los operadores de la Casa Rosada y a los jefes de bloque en el Congreso. A pocas horas de que se abra el recinto, las proyecciones indican que la suerte de la Ley de Glaciares se definirá por un margen estrecho, posiblemente menor a cinco votos.
El oficialismo de La Libertad Avanza cuenta con el apoyo disciplinado del PRO y de los sectores de la UCR que responden de manera directa a los gobernadores de provincias con intereses mineros, como Mendoza (bajo la influencia de Alfredo Cornejo) y San Juan (Marcelo Orrego).
La Libertad Avanza / PRO / MID: Suman una base sólida de unos 80 votos.
UCR "Territorial": Se estima que unos 18 a 20 diputados radicales acompañarán el proyecto, presionados por la necesidad de reactivar las economías cordilleranas y la llegada de inversiones del RIGI.
Bloques Federales: El bloque de Encuentro Federal (liderado por Miguel Ángel Pichetto) aportaría una decena de votos, aunque con condiciones en la redacción de artículos específicos sobre el control ambiental.
La resistencia se concentra en el núcleo duro de Unión por la Patria, la Izquierda y el sector "nacional" del radicalismo.
Unión por la Patria: Si bien tienen 99 diputados, el bloque presenta fisuras. Unos 85 votarían en contra de forma cerrada, denunciando el "desguace" de la protección ambiental.
UCR (Línea Manes/Lousteau): Unos 12 diputados se mantienen firmes en la preservación del texto original de 2010.
Coalición Cívica e Izquierda: Aportan unos 11 votos adicionales en rechazo total a las modificaciones del ambiente periglaciar.
La definición real pasará por los 15 a 17 legisladores que aún no han hecho pública su postura o que negocian modificaciones de "último minuto" en el articulado.
El peronismo minero: Diputados de Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil) y algunos de San Juan y Salta están bajo una presión cruzada: el mandato partidario de rechazo vs. la necesidad de sus provincias de habilitar proyectos de cobre. Se especula con "ausencias estratégicas" que facilitarían el número al oficialismo.
Innovación Federal: Los diputados de Misiones, Salta y Río Negro (8 bancas) suelen funcionar como el fiel de la balanza. Su apoyo está supeditado a concesiones en otros fondos nacionales.
Para alcanzar la mayoría simple (129 votos, asumiendo asistencia perfecta), el oficialismo necesita "pescar" al menos 5 votos entre los indecisos de las provincias o asegurarse de que el peronismo sufra fugas en sus filas.
