La Corte Suprema de Justicia de la Nación definiría esta semana sobre la extradición a Estados Unidos de Federico Fred Machado, el empresario argentino acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, que espera desde su arresto domiciliario en Viedma la resolución. Machado es el empresario que financió a José luis Espert en plena campaña presidencial en 2019, y cuyos probados vínculos le costaron a este último la candidatura en Buuenos Aires.
Las esquirlas del escándalo llegan hasta Mendoza, hasta donde se desplazó Espert en uno de los aviones de Machado en 2021, según registros oficiales. Su partenaire en los viajes solía ser el periodista y político Luis Rosales, quien se llamó al silencio cuando se desató el escándalo.
Texas lo reclama por lavado de dinero
El proceso judicial se reactivó tras la confirmación oficial de las autoridades de Texas sobre la vigencia de los cargos que pesan sobre Machado. Esta comunicación fue solicitada por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, en cumplimiento de un requerimiento de la Corte Suprema. La respuesta estadounidense despejó dudas sobre la situación procesal del acusado y reafirmó el interés en su extradición.
Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, a pedido de Estados Unidos. Desde entonces, permanece bajo arresto domiciliario. Un día después de su detención, el juez Villanueva ordenó su prisión preventiva, medida que se mantiene vigente mientras se resuelve el pedido de extradición. Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, a pedido de Estados Unidos. Desde entonces, permanece bajo arresto domiciliario. Un día después de su detención, el juez Villanueva ordenó su prisión preventiva, medida que se mantiene vigente mientras se resuelve el pedido de extradición.
Un expediente cargado de idas y vueltas
La causa ha tenido múltiples intervenciones judiciales. En junio de 2022, la Corte Suprema consideró innecesario resolver un recurso de libertad ambulatoria presentado por Machado, ya que el empresario había obtenido ese beneficio. Luego, en diciembre del mismo año, el máximo tribunal desestimó los planteos de inconstitucionalidad contra su citación a juicio. Ambas decisiones fueron firmadas por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el entonces magistrado Juan Carlos Maqueda, según recopila Infobae.
La defensa de Machado ha intentado frenar la extradición con diversos argumentos. Alegó desigualdad procesal en Estados Unidos, señalando que el empresario fue representado por solo dos defensores frente a un equipo más numeroso de fiscales. También cuestionó la recusación del juez Villanueva, la validez constitucional de la norma que habilitó su citación a juicio y el rechazo de pruebas ofrecidas por su defensa.
Uno de los elementos más recientes en el expediente fue la solicitud de la defensa para que la justicia argentina constatara la sentencia dictada en Texas contra Kayleigh Moffet, coimputada en la misma causa.
La Corte pidió al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén que, a través de Cancillería, solicitara a Estados Unidos el contenido de dicha sentencia. La Embajada estadounidense informó que Moffet fue condenada por dos cargos, mientras que otra coimputada, Debra Mercer Lynn Erwin, recibió condena por los mismos delitos que se le imputan a Machado. Esto reforzó la posición de Estados Unidos en su pedido de extradición.
Vínculos políticos y transferencias sospechosas
La causa tomó un giro inesperado cuando se confirmó una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado hacia José Luis Espert, entonces candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Espert reconoció la recepción de los fondos y explicó que correspondían a un trabajo realizado para una minera guatemalteca. Sin embargo, la justicia argentina espera una definición sobre Machado para evaluar si avanza en una investigación contra Espert.
La decisión final, en manos del Ejecutivo
Si la Corte Suprema rechaza los planteos de la defensa y confirma la extradición, el expediente será remitido a la Cancillería. Según la legislación vigente, el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para decidir si concede o no la medida. Puede rechazarla por razones de soberanía nacional, seguridad, orden público o intereses esenciales para el país.