El juez Sebastián Casanello imputó a Alberto fernández por negociaciones incompatibles y lo embargó. También procesaron a empresarios y ex funcionarios.
La investigación reveló que la relación entre Alberto Fernández, Martínez Sosa y Cantero fue “más allá de la amistad o vínculo laboral”, con frecuentes visitas a la quinta de Olivos.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la llamada causa Seguros. Además, le aplicó un embargo de $14.634.220.283 sobre sus bienes.
La resolución incluye a su ex secretaria María Cantero, al empresario Héctor Martínez Sosa, y a varios ex funcionarios de Nación Seguros.
El expediente se centra en la firma del Decreto 823/2021, que eliminó el sistema de coaseguro y le otorgó a Nación Seguros el monopolio para asegurar bienes del Estado. La investigación sostiene que esa medida favoreció económicamente a un círculo estrecho del entonces presidente.
Según el extenso fallo de Casanello, de más de 400 páginas, Martínez Sosa –amigo personal del ex presidente– fue uno de los grandes beneficiados por la maniobra. Su empresa acumuló contratos con 19 organismos públicos durante la gestión de Fernández y recibió más de $416 millones en comisiones, solo entre 2019 y 2024.
La investigación reveló que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero fue “más allá de la amistad o vínculo laboral”, con frecuentes visitas a la quinta de Olivos, intercambios de favores, obsequios y transferencias de dinero. Uno de los elementos clave fue la designación de Cantero como funcionaria en Casa Rosada, lo que habría creado una “confusión de intereses” según el juez.
Además del ex mandatario, fueron procesados sin prisión preventiva:
La PROCELAC aportó información clave al expediente: entre 2010 y 2019, Fernández facturó más de $4,2 millones a Martínez Sosa, en concepto de asesoramiento político y económico. La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la presidencia, el 6 de diciembre de 2019.
En cambio, el juez dictó falta de mérito para un grupo de empresarios que también figuraban como beneficiarios de comisiones.
Casanello resolvió reimpulsar la causa luego de que se venciera la subrogancia del juez Julián Ercolini, quien había avanzado con las indagatorias. En esta nueva etapa, se incorporaron pruebas, pericias contables y comunicaciones entre los implicados.