Barry Bennett es la conexión directa de la Casa Blanca con la Rosada. Opera para que empresas de Estados Unidos tengan preferencia sobre recursos estratégicos.
Santiago Caputo, asesor sin firma de Milei, junto a Barry Bennet.
Una semana antes del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos, el republicano Barry Bennett, lobbista estrella de Trump, aterrizó en Buenos Aires. Bennett se reunió con Santiago Caputo, gobernadores y legisladores para blindar políticamente al gobierno libertario y garantizar condiciones preferenciales para capitales estadounidenses en litio, uranio, petróleo y tierras raras. Entre quienes fueron contactados por Bennett, periodistas políticos mencionaron a Alfredo Cornejo.
Nacido en 1963 y formado en Economía y Finanzas en Ohio State University, Bennett es un veterano del lobby en Washington. Fue jefe de gabinete de la congresista Jean Schmidt, asesor de Rick Perry y director de campaña de Ben Carson en 2015. Tras las primarias, apostó por Trump y se convirtió en uno de sus operadores más cercanos. Junto a Corey Lewandowski fundó Avenue Strategies, firma que lo conectó con gobiernos extranjeros, petroleras y bancos del Golfo Pérsico. En 2023, el Departamento de Justicia lo acusó de falsificar y ocultar información ante la Unidad FARA. Admitió los cargos en 2024 y pagó una multa de 100.000 dólares. Pese a ello, sigue operando desde Global Tactic, consultora que lo presenta como “la puerta de entrada a Washington”.
Bennett es una figura clave en un entramado que conecta la Casa Blanca con la Casa Rosada, pero también con intereses empresariales norteamericanos en recursos naturales argentinos: litio, uranio, petróleo y tierras raras.
Durante su estadía en Argentina, Bennett se reunió con Santiago Caputo —asesor presidencial sin cargo formal— y con diputados dialoguistas como Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo y Miguel Ángel Pichetto. También mantuvo encuentros con gobernadores de Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta). En todos los casos, el objetivo fue el mismo: garantizar respaldo político a Milei y asegurar condiciones preferenciales para capitales estadounidenses en la explotación de recursos estratégicos.
El primer gesto concreto fue el freno a una sesión en el Senado que buscaba bloquear la venta de Nucleoeléctrica, empresa estatal de energía nuclear. La presión de Bennett incluyó exigencias de reformas laboral y tributaria, presentadas como condiciones para que empresas estadounidenses inviertan en el país. Se movió con la asistencia de Soledad Cedro, periodista argentina y CEO de CPAC en el país, la conferencia ultraconservadora que Milei frecuenta. Cedro, que oficia de traductora, es también su voz en las reuniones con políticos locales.
La senadora cornejista Mariana Juri aportó su ausencia al plenario de comisiones donde se iba a tratar el freno de la venta de las centrales nucleares.
Sin dictamen, el proyecto quedó en suspenso y la defensa de NA-SA debilitada. La jugada expuso cómo los intereses externos y las alianzas internas pueden torcer el rumbo de decisiones estratégicas para el país. Senadores de la UCR manifestaron malestar por el protagonismo de José Mayans en el impulso del tema, y deslizaron que apoyarían que se trate después del 26 de octubre.
El supuesto “rescate” financiero de hasta 40.000 millones de dólares que el Tesoro estadounidense negocia con Argentina no es gratuito. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el compromiso de Milei incluye “ceder prioridad” a empresas estadounidenses en la explotación de minerales estratégicos y "sacar a China de Argentina", según blanqueó el funcionario estadounidense en una entrevista por TV. Fondos como BlackRock, Fidelity, Pimco y magnates como Druckenmiller y Citrone —este último fotografiado junto a Milei y Bennett— tienen fuertes intereses en el país.
Mendoza alberga el yacimiento más significativo del país en cuanto a recursos identificados: Sierra Pintada, en San Rafael. Con unas 10.000 toneladas de uranio (tU), supera incluso a los grandes proyectos patagónicos de Cerro Solo (Chubut) y Amarillo Grande (Río Negro). Históricamente operado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el yacimiento se encuentra en estado de factibilidad, aunque paralizado por falta de inversiones y por el rechazo social a su impacto ambiental.
Mendoza fue protagonista en el desarrollo del programa nuclear argentino. Desde los primeros hallazgos en la década de 1940 y la puesta en marcha de la Mina Huemul en Malargüe (la primera productora de uranio del país), hasta el funcionamiento de Sierra Pintada. Esta última fue durante más de dos décadas (1975–1997) abastecedora por completo de las centrales como Atucha I y Embalse.
La supuesta “prioridad” otorgada a firmas norteamericanas —o aliadas occidentales— implica que podrían recibir trato preferencial en futuras licitaciones o alianzas estratégicas para reabrir Sierra Pintada, cuya remediación está incluida en el Presupuesto 2026. El interés no es solo energético: Washington busca asegurar el suministro de minerales estratégicos fuera de la órbita china. El uranio, junto con el litio y las tierras raras, figura en la lista de minerales críticos del Departamento de Estado.
La cesión de Milei tendrá un fuerte impacto en Mendoza, donde la memoria social sobre los perjuicios ambientales de la minería uranífera sigue viva y movilizada. Las consecuencias de la explotación en décadas pasadas, aún sin remediar, alimentan una desconfianza estructural que choca con los nuevos discursos de “desarrollo” y “apertura”.
En este escenario, tal como lo establece la Constitución Nacional, Alfredo Cornejo posee la llave política y legal del yacimiento. Sin embargo, su alineamiento incondicional con la Casa Rosada le resta márgenes de maniobra frente a las presiones federales y extranjeras.