La reciente confirmación de un acuerdo de asistencia financiera entre la administración de Javier Milei y el Tesoro de Estados Unidos, liderado por Scott Bessent, reconfigura el tablero económico y geopolítico de Argentina. El pacto, que contempla un intercambio de divisas por hasta 20.000 millones de dólares, ha sido interpretado como un salvataje para sostener las reservas del Banco Central. Pero su contrapartida excede lo financiero. Implica una alineación estratégica con Washington y una cesión de soberanía sobre recursos críticos: al país gobernado por Donald Trump le interesa quitar del medio las inversiones de China y quedarse con las tierras raras y el uranio de Argentina.
Las declaraciones de Bessent fueron explícitas. El apoyo a Milei está condicionado a “sacar a China de la Argentina” y otorgar prioridad a empresas estadounidenses en la explotación minera. La frase involucra directamente a Mendoza, clave en el potencial uranífero del país con un yacimiento clave ya explotado, Sierra Pintada, y una promesa: el Corcovo.
Sierra Pintada: corazón del uranio argentino
Mendoza alberga el yacimiento más significativo del país en cuanto a recursos identificados: Sierra Pintada, en San Rafael. Con unas 10.000 toneladas de uranio (tU) identificadas, supera incluso a los grandes proyectos patagónicos de Cerro Solo (Chubut) y Amarillo Grande (Río Negro). Históricamente operado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el yacimiento se encuentra en estado de factibilidad, aunque paralizado por falta de inversiones y por el rechazo social a su impacto ambiental.
Mendoza fue protagonista en el desarrollo del programa nuclear argentino. Desde los primeros hallazgos en la década de 1940 y la puesta en marcha de la Mina Huemul en Malargüe (la primera productora de uranio del país), hasta el funcionamiento de Sierra Pintada. Esta última fue durante más de dos décadas (1975-1997) abastecedora por completo de las centrales como Atucha I y Embalse.
La supuesta “prioridad” otorgada a firmas norteamericanas —o aliadas occidentales— implica que podrían recibir trato preferencial en futuras licitaciones o alianzas estratégicas para reabrir Sierra Pintada, cuya remediación está incluida en el Presupuesto 2026. El interés no es solo energético: Washington busca asegurar el suministro de minerales estratégicos fuera de la órbita china. El uranio, junto con el litio y las tierras raras, figura en la lista de minerales críticos del Departamento de Estado.
La sumisión libertaria, con Cornejo como espectador
La cesión de Milei tendrá un fuerte impacto en Mendoza, donde la memoria social sobre los perjuicios ambientales de la minería uranífera sigue viva y movilizada. Las consecuencias de la explotación en décadas pasadas, aún sin remediar, alimentan una desconfianza estructural que choca con los nuevos discursos de “desarrollo” y “apertura”.
En este escenario, tal como lo establece la Constitución Nacional, Alfredo Cornejo posee la llave política y legal del yacimiento, que posiciona a Mendoza en el podio nacional del potencial uranífero. Sin embargo, aquí juega su alineamiento incondicional con la Casa Rosada, ratificado la semana pasada, que le resta márgenes de maniobra frente a las presiones y apetencias federales y extranjeras. Mientras otros mandatarios provinciales negocian condiciones o resisten embates, Cornejo se autopostuló desde el inicio de su mandato como garante del plan del libertario que como interlocutor.
En el Presupuesto 2026
En las planillas de inversión nacional para 2026, el proyecto “Adecuación de infraestructura del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR)” —es decir, Sierra Pintada— figura con una asignación inicial de $71.000 millones, ejecutada por la CNEA bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Aunque esta cifra representa apenas el 4,05% del costo total proyectado ($1,75 billones), el grueso de la inversión está previsto para 2027 y 2028, con desembolsos de $710.000 y $730.000 millones respectivamente.
Esto confirma que el gobierno nacional ya inició el camino hacia la reactivación de Sierra Pintada, sin haber abierto aún el debate público ni despejado los obstáculos legales provinciales. La inclusión presupuestaria funciona como señal de avance estratégico, aunque con ritmo lento, y obliga a la provincia a definir su posición frente a un proyecto que podría condicionar su matriz energética, ambiental y económica por décadas.
La autonomía energética en foco
El potencial uranífero de Mendoza, sumado al de Chubut y Río Negro, podría otorgar a Argentina la autonomía necesaria para abastecer sus centrales nucleares, que actualmente generan cerca del 10% de la electricidad del país. Sin embargo, el acuerdo con EE. UU. convierte la explotación de estos yacimientos en un campo de batalla geopolítico.
Aquí se plantean interrogantes clave para el futuro de Mendoza y el papel de Argentina en la pelea geopolítica mundial: ¿Se utilizará el uranio como herramienta de soberanía energética y desarrollo provincial, o como ficha de intercambio en la pulseada entre las grandes potencias? La “ventaja” para las empresas estadounidenses podría significar una limitación en la capacidad de negociación del Estado argentino con otros socios, afectando directamente la economía mendocina y su histórico debate sobre el desarrollo minero.
Los límites que plantea la Ley 7722
La Ley 7722 de Mendoza, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, sigue siendo el principal obstáculo legal para la reactivación de Sierra Pintada. Pero el avance presupuestario y el alineamiento político podrían presionar para su flexibilización. En ese contexto, la ciudadanía mendocina enfrenta una encrucijada: defender su modelo ambiental y su soberanía territorial, o aceptar una reconfiguración impuesta desde Buenos Aires y Washington.
La ley prohíbe la lixiviación ácida con ácido sulfúrico. Sin embargo, esto no frena la producción in situ, ya que se puede usar lixiviación alcalina usando carbonato y bicarbonato de sodio, un método que sí está permitido. La mina Huemul utilizaba el método de flotación.
En pleno resurgimiento global del uranio como recurso geoestratégico, en Mendoza surgió meses atrás un nuevo actor que busca posicionarse en el nuevo tablero energético mundial. Se trata del Proyecto Corcovo, que se abre paso en Malargüe con el respaldo de beneficios fiscales y licitaciones “blandas” promovidas por el oficialismo provincial.
El nuevo actor en el mapa minero busca aprovechar las licitaciones blandas, rebajas de regalías y otros "beneficios fiscales" que ofrece Mendoza para monetizar el subsuelo. El Proyecto Corcovo busca la exploración y potencial explotación de uranio en unas 20.000 hectáreas en la parte oriental de la llamada Cuenca Neuquina, es decir, la lengua de la formación Vaca Muerta que yace bajo suelo de Malargüe.
El foco del Proyecto Corcovo se posa sobre un área identificada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con potencial para albergar depósitos de uranio, gracias a anomalías radiométricas detectadas en profundidad en pozos de petróleo y gas. La geología de la región, con sus formaciones que actúan como "trampas naturales" para hidrocarburos y la potencial formación de depósitos económicos de uranio mediante el proceso de oxidación-reducción.
