A solo 24 horas de que el Congreso inicie el tratamiento de la Reforma Laboral, la mesa chica del oficialismo volverá a verse las caras para resolver el dilema que mantiene en vilo a las provincias: el destino del capítulo fiscal del proyecto.
-El gobierno pule el texto de la Reforma Laboral para garantizar los votos en el Senado.
-Los gobernadores tienen fuerte incidencia en la Cámara Alta.
El Senado trata esta semana la Reforma laboral.
A solo 24 horas de que el Congreso inicie el tratamiento de la Reforma Laboral, la mesa chica del oficialismo volverá a verse las caras para resolver el dilema que mantiene en vilo a las provincias: el destino del capítulo fiscal del proyecto.
La cita, programada para este martes a las 11, tiene como objetivo central clausurar la incertidumbre en torno a la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades. Lo que inicialmente nació como una promesa de incentivo para el sector privado, terminó chocando de frente con la realidad de las arcas públicas, tanto nacionales como provinciales. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la postura intransigente que primó en los últimos días ha cedido paso al pragmatismo parlamentario: la expectativa generalizada es que el artículo sea eliminado del texto final.
La decisión de retirar el componente fiscal no responde únicamente a una concesión ideológica, sino a un frío cálculo de votos. El oficialismo ha tomado nota de que forzar la inclusión de este punto podría dinamitar el apoyo en el Senado, donde los gobernadores ejercen una influencia determinante. "A los aliados ya nos han avisado que se va a quitar toda esa parte", dejó trascender un mandatario provincial, quien además subrayó que la medida carecía de sustento técnico en el actual contexto de ajuste: "Ni a la propia Nación le daban los números para resignar esos recursos".
En efecto, el fantasma del déficit fiscal sobrevuela la discusión. Si bien el discurso oficial se sostiene en la reducción de la carga impositiva, la fragilidad del superávit obliga al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a actuar con cautela. Caputo participará del encuentro de hoy para exponer las implicancias técnicas de esta retirada, que permitiría blindar el resto de la reforma.
Para garantizar que el proyecto transite con fluidez durante estas sesiones extraordinarias, el Gobierno ha aceptado flexibilizar otros puntos sensibles. Entre las "concesiones" que se discutirán en la mesa política destacan nuevas redacciones para las cuotas solidarias y la marcha atrás en la obligatoriedad de pagar sueldos mediante billeteras virtuales, una iniciativa que contaba con el rechazo frontal de los sindicatos y de las entidades bancarias tradicionales.
La mesa de negociación será liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la presencia de las figuras de mayor peso en el entorno presidencial: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor estratégico Santiago Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli. También formarán parte el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien ayer mantuvo reuniones de última hora con bloques dialoguistas para tantear el terreno.
Mientras en Buenos Aires se pulen los artículos, la periferia política hierve. El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, pasó por la Rosada para sellar su apoyo, destacando que la reforma atraerá inversiones privadas. Sin embargo, no todo es armonía. El mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, denunció presiones hacia legisladores peronistas para obstaculizar el proyecto, centrando la mirada en el bloque Convicción Federal, cuyos cinco integrantes en la Cámara alta poseen la llave de la mayoría.
A partir de mañana, la batalla se trasladará íntegramente al Palacio Legislativo. Santilli, junto a Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem, se instalarán en el Congreso para coordinar la ofensiva final. El objetivo es claro: obtener la media sanción de la reforma laboral y preparar el terreno para el jueves, cuando se espera que Diputados trate el nuevo Régimen Penal Juvenil. El Gobierno sabe que, en política, el tiempo es un recurso tan escaso como el fiscal, y no está dispuesto a perder ninguno de los dos.