La retirada de YPF con el Plan Andes fue vendida por el Gobierno como un éxito, pero dejó un tendal de despidos y pasivos sin remediar de millones de dólares.
El Plan Andes dejó un tendal de despidos en el Sur de Mendoza. YPF abandonó pozos para focalizarse en Vaca Muerta.
El conflicto laboral y ambiental tras la puesta en ejecución del Plan Andes en Mendoza sigue profundizándose. Tres poderosos gremios del mundo del petróleo enviaron una carta al gobernador Alfredo Cornejo denunciando el tendal de despidos y la nula remediación de pasivos ambientales que implicó el traspaso de áreas maduras a nuevas operadoras sin planificación.
Plan Andes es el nombre con el que YPF bautizó el abandono de pozos maduros en todo el país para focalizarse en lo que la administración de Marín, un hombre de Paolo Rocca en el Ejecutivo, considera más rentable: Vaca Muerta. En Mendoza los pozos de los que se desprendió la petrolera de bandera están ubicados en tres bloques de áreas: Mendoza Norte, Llancanello y Mendoza Sur.
Esto ha generado, denuncian los gremios, despidos masivos, precarización laboral y contaminación sin control. En el documento, los sindicatos expresan su "profunda preocupación y absoluto rechazo" ante lo que consideran una gestión irresponsable por parte del gobierno provincial, exigiendo medidas urgentes para revertir la crisis.
Barroso es el referente del gremio de Petroleros Privados, Letard de Camioneros y Matamala de los petroleros jerárquicos.
La denuncia apunta contra el reciente traspaso de concesiones, como el de YPF S.A. a Petróleos Sudamericanos y el de CGC a Venoil S.A., una medida que, según los gremios, se llevó a cabo sin garantizar la continuidad laboral ni establecer controles ambientales sobre las zonas intervenidas.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se destruyen puestos de trabajo, se deteriora el ambiente y se hipotecan los recursos estratégicos de Mendoza”, afirman en el documento.
Los sindicatos también ponen el foco en el impacto ambiental de estas decisiones, que avaló la ministra de Ambiente, Jimena Latorre, cuestionada y denunciada ante la Oficina de Ética Pública por su doble rol de funcionaria y directora de YPF al momento de la puesta en marcha del plan.
En su carta, aseguran que la falta de regulación estatal está profundizando los pasivos ambientales en la región. Aquí la Provincia primero firmó la cesión deslindando de responsabilidades a YPF, pero luego hizo una enmienda (en febrero de este año) a sabiendas de probables demandas y otras consecuencias.
Según los gremios, las áreas transferidas han quedado abandonadas, sin monitoreo sobre la contaminación ni planes de remediación. “Esta situación no solo destruye fuentes de trabajo y vulnera derechos adquiridos, sino que también profundiza pasivos ambientales históricos, sin que exista control alguno sobre la contaminación ni garantías de remediación”, remarcan en el texto.
Además, advierten sobre las consecuencias a largo plazo de esta falta de regulación: “La contaminación de las fuentes de agua y la degradación de la biodiversidad están alcanzando niveles alarmantes, y la ausencia de controles gubernamentales agrava el problema día a día”, señalaron.
Ante este panorama, los gremios han elevado una serie de exigencias al gobierno de Mendoza. “Exigimos la inmediata intervención del gobierno provincial para frenar los despidos, garantizar la continuidad laboral y restituir condiciones de trabajo dignas en todas las áreas afectadas”, sostienen en la carta.
También piden la convocatoria a una mesa de diálogo vinculante, donde los sindicatos tengan participación efectiva en las decisiones sobre el futuro energético y laboral de la provincia. “No estamos dispuestos a permitir que se siga avanzando en la precarización de los trabajadores ni en la desintegración de uno de los sectores estratégicos de nuestra provincia”, afirman.
En materia ambiental, los gremios demandan la presentación pública de los planes de desarrollo, la realización de auditorías independientes sobre las áreas transferidas y la implementación de un plan concreto de remediación ambiental.
Por último, advierten que, de no obtener respuestas en el corto plazo, avanzarán con acciones gremiales, judiciales en la Justicia Federal y políticas. “Si en el corto plazo no se dan respuestas claras, efectivas y verificables, nos veremos obligados a acudir a la Justicia Federal para denunciar la responsabilidad directa de ustedes, señores funcionarios, en el abandono ambiental y en la disposición irregular de tierras contaminadas”, subrayan.
Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta oficial sobre las denuncias de los gremios -que además de la carta fueron señaladas en reuniones en la Subsecretaría de Trabajo-. Sin embargo, el clima de tensión crece en la industria petrolera, con sindicatos que amenazan con movilizaciones y medidas de fuerza si no se revierte la crisis.
La carta de los gremios pone en evidencia un conflicto profundo que involucra no solo la precarización laboral, sino también el impacto ambiental de las políticas extractivas en Mendoza. En los próximos días, se espera que los sindicatos intensifiquen sus reclamos, en una lucha que, según advierten, no están dispuestos a abandonar.