-Los empresarios tras el proyecto San Jorge consideraban rentable la operación sin subsidios.
-Con el RIGI tendrán más ganancias y libertad para expatriarlas.
Fabián Gregorio, CEO de Minera San Jorge.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa aprobación del ingreso de Minera San Jorge al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) redefine su horizonte corporativo en Mendoza. Este instrumento implica la transferencia de recursos del Estado a la empresa durante los próximos 30 años. Es decir, la minera tendrá un tratamiento preferencial respecto al resto de las empresas de la economía provincial en materia impositiva, aduanera y cambiaria.
En concreto, el RIGI ensanchará el margen de rentabilidad de la operación minera en Uspallata. La gestión empresaria del proyecto había estimado ganancias que justificaban su concreción sin los beneficios del RIGI, con lo cual su despliegue en el territorio no dependia de una cesión de recursos del Estado, como la prevista en el RIGI. La minería en Mendoza estuvo frenada por las normativas ambientales y la presión social contra la actividad, no porque los proyectos carecieran de sustentabilidad econonómica.
El ingreso al RIGI representa un punto de inflexión para la ingeniería financiera del proyecto de cobre y oro en Uspallata. A partir de ahora, la empresa accede a una reducción sustancial del Impuesto a las Ganancias —del 35% al 25%— y a la amortización acelerada de sus bienes de capital.
La exención de derechos de importación para maquinarias abarata los costos de construcción, factor crítico en proyectos de escala internacional. Sin embargo, el beneficio más codiciado por el directorio radica en el mercado de cambios. El RIGI garantiza a la firma el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y la libre disponibilidad de las divisas generadas por sus exportaciones en un esquema gradual, lo que permite asegurar el retorno de la inversión a sus accionistas internacionales en sus países de origen.
Más allá de los números inmediatos, el mayor impacto para la gerencia se encuentra en el blindaje institucional. El programa impulsado por el Gobierno nacional consagra una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por el plazo de treinta años. Minera San Jorge no será afectada por nuevos tributos que incrementen su actual y pesada carga tributaria. Para la gestión operativa, esto se traduce en la posibilidad de firmar contratos de provisión a largo plazo y estructurar el financiamiento internacional sin el fantasma del "riesgo argentino".
En los pasillos del sector corporativo, se asume que este certificado de estabilidad es una llave maestra para atraer el financiamiento de los mercados de Canadá o Australia, plazas donde históricamente se fondean este tipo de iniciativas cupríferas. El directorio ya no debe lidiar con un plan de negocios sujeto a los vaivenes políticos, sino que puede proyectar la extracción y logística del mineral con un horizonte temporal acorde a la magnitud geológica del yacimiento mendocino. Esta garantía soberana reduce la tasa de descuento aplicada por los bancos internacionales, viabilizando el crédito necesario para la fase operativa.
Si bien el RIGI, le garantías de mayor rentabilidad a Minera San Jorge, la administración del proyecto aún enfrenta su prueba más compleja en el terreno local. La inclusión en este régimen nacional no exime a Minera San Jorge de cumplir con las exigencias ambientales provinciales, particularmente con la restrictiva Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos metalíferos dentro del territorio de Mendoza.
El desafío de la gestión se bifurca: por un lado, debe capitalizar las ventajas económicas del programa nacional; por el otro, está obligada a desplegar procesos de flotación para garantizar un tratamiento del mineral que respete estrictamente la normativa ambiental vigente. El éxito gerencial no dependerá exclusivamente de la ingeniería financiera, sino de la capacidad de la empresa para construir la licencia social en las comunidades de la Cordillera de los Andes.
En definitiva, el RIGI ha resuelto de raíz el histórico problema de la rentabilidad y seguridad jurídica para los inversores. Ahora, recae sobre el cuerpo directivo la responsabilidad ineludible de articular esta inmensa ventaja competitiva con la exigente matriz sociopolítica y ecológica de Mendoza. Esta tarea titánica definirá finalmente si el colosal proyecto minero logra pasar de los meros planos teóricos a la tan ansiada fase productiva.
El principal cuestionamiento al RIGI radica en su propensión a consolidar economías de enclave, es decir, ecosistemas extractivos aislados del entramado productivo nacional. Al eximir del pago de aranceles a la importación de bienes de capital y no exigir transferencias tecnológicas ni cuotas robustas de integración de proveedores locales, el régimen desincentiva la industrialización periférica. En lugar de traccionar el desarrollo de las pymes regionales o generar eslabonamientos productivos, estas mega-inversiones corren el riesgo de operar como burbujas autónomas que extraen recursos naturales utilizando insumos y maquinarias extranjeras, dejando un impacto marginal en la generación de valor agregado dentro de los territorios donde se asientan.
Desde la perspectiva macroeconómica e impositiva, los críticos señalan que el RIGI institucionaliza una asimetría estructural que facilita la fuga de excedentes hacia el exterior. La garantía de libre disponibilidad de divisas y el acceso preferencial al mercado de cambios permiten que la rentabilidad fluya aceleradamente hacia las casas matrices y los accionistas internacionales. Sumado a las generosas exenciones fiscales y la inamovilidad tributaria por treinta años, este esquema configura un escenario donde el Estado asume el costo de la infraestructura y el desgaste institucional, pero renuncia a capturar una renta soberana significativa que pueda retenerse y reinvertirse en el desarrollo del país.
Finalmente, se advierte que este andamiaje jurídico profundiza la primarización de la economía argentina, anclándola a un modelo netamente extractivista que concentra los pasivos en el ámbito local y los activos en el extranjero. Al otorgar beneficios extraordinarios a proyectos mineros, petroleros o agroindustriales sin condicionarlos a procesos de refinación o manufactura en origen, el RIGI perpetúa el rol de la región como proveedora de materias primas en bruto.