Desde su aprobación legislativa, no cesan las protestas contra San Jorge.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Desde su aprobación legislativa, no cesan las protestas contra San Jorge.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Desde su aprobación legislativa, no cesan las protestas contra San Jorge.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
El 9 de diciembre de 2025 el Senado dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino para sacar oro y cobre de Uspallata. La norma fue impulsada por Alfredo Cornejo, obtuvo un amplio respaldo político y fue presentada como un paso decisivo en un contexto de fuerte presión empresarial y promesas de inversión. Apenas dos semanas después, el proyecto comenzó a enfrentar sus primeros rechazos judiciales, en una causa que promete convertirse en un hito de la conflictividad ambiental mendocina.
Un bloque de organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y referentes académicos presentó ante el Poder Judicial de Mendoza una acción de amparo colectivo ambiental. El escrito solicita la inconstitucionalidad de la Ley 9684 y la suspensión inmediata de sus efectos.
Hay otros recursos de amparo que se presentarían antes de la medianoche de este viernes, pudo saber ElEditor Mendoza.
La presentación judicial reúne a un abanico diverso de actores sociales y comunitarios. Encabeza la acción la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), representada por su director ejecutivo, Andrés María Nápoli, quien en el escrito recuerda que la ONG “es una fundación inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación (…) cuyos objetivos estatutarios no tienen limitación territorial”.
A la FARN se suman la Asociación Civil de Uspallata “El Suri”, vecinos autoconvocados de San Carlos, Tunuyán, General Alvear y Guaymallén, además de referentes académicos como Marcelo Giraud, profesor asociado de Geografía en la UNCuyo. El escrito subraya que todos ellos actúan “por su propio derecho, habitantes de diferentes departamentos de la provincia de Mendoza”, configurando así la legitimación prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El texto judicial es contundente: “Venimos a promover ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO AMBIENTAL, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, contra la Ley Provincial N.º 9684, en cuanto aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero ‘PSJ – Cobre Mendocino’, solicitando que V.S. declare su inconstitucionalidad”.
Los fundamentos se apoyan en tres ejes principales:
El escrito judicial presentado por FARN, la Asociación Civil “El Suri” y vecinos autoconvocados de distintos departamentos de Mendoza pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 9684, que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge – Cobre Mendocino, por considerar que habilita una explotación con estudios incompletos y diferidos, violando los principios preventivo y precautorio del derecho ambiental.
La acción de amparo colectivo busca que se suspenda la eficacia de la norma y se restablezca la plena vigencia del derecho a un ambiente sano, al agua y a la participación ciudadana, señalando que basta la amenaza actual o inminente de daño ambiental para justificar la intervención judicial urgente.
En la demanda se leen elocuentes párrafos que le dan fuerza a la argumentación. Entre ellas:
La presentación se realizó en plena feria judicial de fin de año, lo que obligó a solicitar la habilitación de días inhábiles. El escrito enfatiza: “Venimos a solicitar se ordene la habilitación de días inhábiles de la feria judicial del mes de enero de 2026 debido a la necesidad de acceder en forma rápida e inminente a la justicia para el tratamiento efectivo de la medida cautelar”.
El argumento es claro: la urgencia de evitar un “perjuicio irreparable” a los derechos colectivos justifica que el expediente sea tratado de inmediato.
La demanda se apoya en una sólida base jurisprudencial. Se citan precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como “Mendoza” (2006), “Majul” (2019), “Kersich” (2014) y “Salas” (2008), todos ellos vinculados a la protección del ambiente y la legitimación amplia de asociaciones y vecinos. También se invoca la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como presupuesto indispensable para otros derechos humanos.
La aprobación legislativa del proyecto San Jorge había sido presentada por el Gobierno provincial como un triunfo político y, en el futuro, económico. Sin embargo, la reacción social fue inmediata. Asambleas por el agua, organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados denunciaron que la norma “vacía de contenido el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información ambiental” y multiplicaron las protestas en calles, plazas departamentales y rutas.
El hecho de que apenas dos semanas después de la sanción legislativa se presentara un amparo colectivo refleja la alta conflictividad social y territorial que rodea al proyecto.
La aprobación del Proyecto San Jorge reveló un escenario de choque frontal entre la política provincial y la sociedad civil organizada. El oficialismo buscó instalarlo como símbolo de desarrollo pero ahora enfrentará un proceso judicial que cuestiona su legalidad y su legitimidad con un amparo que promete no ser el único.
La acción de amparo marca el inicio de una batalla judicial que podría extenderse durante meses, pero que ya deja una señal clara: el proyecto minero San Jorge comienza a cosechar rechazos judiciales apenas dos semanas después de su aprobación legislativa.
En palabras del escrito: “La presente acción persigue la tutela urgente y preventiva de un bien colectivo indivisible, frente a una autorización ambiental concreta que produce efectos inmediatos y proyecta una amenaza cierta sobre el ambiente”.
