Con el entramado productivo detonado, cinco artículos de la reforma laboral generan resistencia entre los empresarios.
La CAC, Adimra y la CAME manifestaron su oposición a la reforma laboral que se tratará en breve en el Senado.
El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei enfrenta un rechazo creciente entre las principales cámaras empresarias del país. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se pronunciaron en contra de artículos centrales de la iniciativa, en un movimiento que expone fisuras en el respaldo empresario al oficialismo.
Las entidades cuestionan que los cambios propuestos generan incertidumbre jurídica, debilitan la negociación colectiva y afectan el financiamiento institucional de cada sector. En conjunto, representan a más de medio millón de comercios y fábricas y a cerca de 1,5 millón de trabajadores, lo que otorga peso político y económico a su posicionamiento.
El rechazo se concentra en cinco artículos del proyecto:
Artículo 126: elimina las “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos, que permiten financiar institutos y estructuras empresarias como el Inacap en el comercio o los servicios de Adimra en la industria metalúrgica. Para las cámaras, su supresión desfinancia instituciones clave y debilita la continuidad de acuerdos sectoriales.
Artículos 128, 130 y 131: convierten en voluntarios los aportes patronales y dan prioridad a convenios de empresa por sobre los de actividad. Según las entidades, esto fragmentaría el marco normativo y vulneraría el principio de “igual remuneración por igual tarea”, generando diferencias salariales injustificadas.
Artículo 132: otorga amplias facultades al Estado para suspender convenios colectivos vencidos, lo que, según las cámaras, desnaturaliza la ultraactividad y abre un escenario de inseguridad jurídica.
La CAME ya había manifestado su oposición en un documento elevado al Senado, donde pidió de manera “imperiosa” la eliminación de los artículos 126 al 132. Aunque la entidad respaldó los cambios en materia de derecho individual del trabajo, advirtió que las modificaciones sobre convenios colectivos podrían abrir una etapa de mayor conflictividad y poner en riesgo la estabilidad jurídica de las pymes.
El presidente de la entidad, Ricardo Diab, confirmó que el planteo fue trabajado de manera coordinada con la CAC y Adimra, y subrayó que las actividades representadas por estas cámaras involucran a un universo amplio de trabajadores y empresas. “Nos sentimos directamente afectados por el contenido de la reforma”, señaló en entrevistas radiales, reforzando la idea de un frente empresario común.
El Gobierno busca aprobar la llamada “Ley de Modernización Laboral” el próximo 11 de febrero en el Senado. Sin embargo, las objeciones empresarias se suman a las presiones sindicales y a las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal de la iniciativa. El debate promete convertirse en uno de los capítulos más tensos de la agenda parlamentaria de este verano.
El borrador incluye medidas de alto impacto, como el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, la eliminación de las indemnizaciones por despido, la creación de un banco de horas, la posibilidad de pactar contratos en dólares y la flexibilización de las vacaciones. Estas propuestas, defendidas por el secretario de Trabajo Julio Cordero en el Consejo de Mayo, buscan “modernizar” las relaciones laborales, pero generan resistencias tanto en sindicatos como en cámaras empresarias.
El Gobierno nacional avanza con paso firme hacia la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Con el segundo llamado a sesiones extraordinarias confirmado, en La Libertad Avanza reina el optimismo: los operadores políticos de Casa Rosada aseguran que el poroteo ya arroja números alentadores y que los 37 votos necesarios para la media sanción estarían prácticamente asegurados. El ministro del Interior, Diego Santilli,es el principal articulador de acuerdos con gobernadores y senadores, en una tarea que busca consolidar el respaldo político antes del 11 de febrero, fecha prevista para el debate en el recinto.
En el caso de Mendoza, los senadores que responden a Cornejo, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, acompañarán la iniciativa. Lo propio ocurrirá con el bloque de libertarios y una radical en Diputados.