Pese a que la justicia provincial se declaró incompetente en la denuncia contra los vecinos y asambleístas de Uspallata, los volvió a citar al Polo Judicial.
La jueza Claudia Tula tiene a su cargo la causa contra vecinos de Uspallata detenidos tras protestar contra San Jorge.
La Justicia volvió a citar a para este lunes al Polo Judicial a Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos y asambleístas de Uspallata, en el marco de una denuncia por amenazas interpuesta por el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera.
Además de Soria y Cornejo, la Fiscalía de Instrucción 38 citó a Leticia González y Marcelo Correa. A ambos se les iniciaron causas tras la protesta del 24 de enero en contra de la instalación de la oficina de la mencionada cámara. Entre otras acusaciones, se les aplicó el 213 bis del código penal. Los dos fueron liberados tras imponerles fianza.
El movimiento resulta desconcertante, ya que la jueza Claudia Tula había declarado su incompetencia en el caso y lo había elevado a la Corte nacional.
El 3 de abril la jueza había ordenado la liberación de Soria y Cornejo tras determinar que la justicia federal debía llevar adelante el proceso. El juez, a su turno, giró la causa a la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, de manera insólita, el expediente fue devuelto a la jurisdicción provincial.
El encarcelamiento de Soria y Cornejo marcó un hito en la persecución a la protesta social en Mendoza, con la Justicia jugando un papel clave en la represión de manifestaciones en contra de la minería. Las Asambleas por el Agua convocaron a acompañar a ambos vecinos desde las 10 en el Polo Judicial.
Este hecho no pasó desapercibido para la Iglesia Católica, que emitió un documento contundente denunciando el nivel de persecución a los asambleístas y criticando el accionar del oficialismo.
"El arzobispo está preocupado", confió Daniel Funes, de la red Iglesias y Minerías, que tiene un nodo en Argentina desde hace tres años. La Iglesia de Mendoza ya intervino en el conflicto por la minería cuando San Jorge quiso instalarse y fue rechazado por una masiva audiencia pública en 2010.
La polémica llegó a la Cámara de Diputados, que aprobó por unanimidad un proyecto para exigir explicaciones al Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre la continuidad de estas detenciones y el rol de los fiscales en las mismas.
Alejandro Gullé, Procurador y jefe de los fiscales, admitió recientemente ante la Bicameral de Seguridad que la justicia local carece de competencia en el caso, aunque los imputados pasaron semanas detenidos sin pruebas concluyentes en su contra.
El caso reavivó el debate sobre la independencia judicial y el derecho a la protesta, posicionando a Mendoza en el centro de una discusión que trasciende lo jurídico y alcanza lo político.