Javier Milei dispuso el cierre de Vialidad Nacional y entregará el mantenimiento de las rutas a negocios privados. Protestas en todo el país.
El trazado y mantenimiento de las rutas nacionales ya no será llevado adelante por Vialidad sino por privados.
Trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, anunciaron una movilización frente a la sede de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en CABA en rechazo al reciente decreto presidencial que impulsa la desregulación del organismo que maneja las rutas nacionales.
La convocatoria no es solo una protesta gremial: es una denuncia encendida contra lo que describen como un "desmantelamiento deliberado" del ente estatal encargado del mantenimiento de las rutas nacionales. Aleñá fue contundente al afirmar que la medida responde a un "plan ideológico" del gobierno de Javier Milei para reducir el Estado a su mínima expresión, a costa —sostiene— de la seguridad vial del país.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”, declaró Aleñá. La dirigente también acusó al gobierno de falsear la información sobre las funciones del organismo y desviar fondos millonarios del Impuesto a los Combustibles hacia otros fines. Según denunció, la medida no busca eficiencia, sino que “está armado este decreto para hacer negocios”.
El foco del conflicto gira en torno a la preservación de las rutas nacionales, que los trabajadores temen ver deteriorarse sin el monitoreo constante de Vialidad. En ese contexto, no dudaron en calificar al escenario resultante como el de unas potenciales “Rutas Nacionales de la Muerte”.
El presidente Javier Milei oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo clave del Estado argentino que durante décadas planificó, ejecutó y mantuvo rutas nacionales. El anuncio fue hecho por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que se trata de “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública ”. Sin embargo, la decisión encendió críticas.
Según el funcionario, el Gobierno lanzará licitaciones por 9.120 kilómetros de rutas que ahora serán responsabilidad del sector privado. “Por décadas se despilfarraron recursos. Ahora habrá licitaciones transparentes y competencia real”, sostuvo.
Pero desde los gremios y sectores técnicos surgieron advertencias: “Reducir Vialidad a una oficina corrupta es una falta de respeto para los miles de trabajadores que se rompen el lomo planificando y manteniendo rutas en condiciones”, cuestionó un delegado del personal técnico, quien pidió reserva de identidad. “Esto no es una modernización, es un desmantelamiento del Estado”.