La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra denuncia que el Gobierno quiere avanzar sin diálogo con huarpes sobre derechos territoriales indígenas.
Las comunidades huarpes denuncian atropello a sus derechos sobre tierras ancestrales
Organizaciones indígenas y rurales de Mendoza repudiaron el intento del Gobierno provincial de modificar la Ley 6920, que reconoce los derechos territoriales del pueblo Huarpe. Denuncian que no fueron consultadas y que la medida vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales, afectando a más de mil familias que viven y producen en tierras ancestrales.
En un comunicado emitido tras el anuncio del Senado provincial de avanzar con cambios a la Ley 6920, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) expresó su más enérgico rechazo al intento del Ejecutivo de “avanzar sobre la ley provincial 6920 sancionada en 2001 y ratificada por la Corte Suprema de Mendoza en 2008”.
La norma reconoce “la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcayac en la provincia de Mendoza” y, según denuncian, el proyecto actual busca derogar artículos fundamentales sin diálogo previo con las comunidades.
“El gobierno provincial intenta ahora desconocer esos derechos, derogar la ley. Sin diálogo con las comunidades y desoyendo su reclamo histórico por la tierra”, afirma el comunicado.
“Repudiamos esta política regresiva, que apunta a desconocer derechos constitucionales de las comunidades indígenas afectando la vida y el arraigo de más de 1.000 familias originarias que viven y producen en el secano lavallino”.
La UST también advierte sobre los antecedentes históricos que demuestran el arraigo territorial del pueblo Huarpe. “Existen sobradas evidencias de la preexistencia del pueblo Huarpe y de su permanencia desde la llegada de los españoles y la construcción de la nación Argentina”, se afirma en el comunicado.
Respecto a los conflictos registrales, sostienen: “Si existen cientos de títulos de propiedad superpuestos en la zona, se debe a la corrupción del sistema catastral y registral que permitió negocios de especulación antes de la ley”.
“Los únicos propietarios genuinos y legales son las propias comunidades”, sentencia el texto.
Además, denuncian como ejemplo de despojo histórico el desvío de los ríos Mendoza y San Juan: “El desvío de los ríos Mendoza y San Juan privó a las comunidades del agua que por cauce natural llegaba a sus tierras y con la que realizaban agricultura. A pesar de ello, permanecen en el territorio, transformado en tierras secas, adaptando su producción a la cría de ganado caprino y bovino”.
El repudio se vincula también con la reciente derogación de la Ley de Colonización (4711), reemplazada por una nueva norma que cambia los mecanismos de adjudicación y venta de tierras fiscales. “Esto genera amplias dudas sobre las intenciones gubernamentales, dado que el organismo de ejecución que estipula la nueva ley es el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial”, alerta la UST.
En ese marco, advierten sobre una política que favorece la concentración y privatización de tierras. “Nos solidarizamos con las comunidades y nos sumamos a las acciones y movilizaciones que determinen para garantizar el derecho a la tierra y el territorio y el cumplimiento efectivo de la ley provincial 6920”, concluye el comunicado.
El comunicado se suma a las críticas expresadas por referentes indígenas y organizaciones de derechos humanos que insisten en que cualquier modificación de leyes que afecten a pueblos originarios debe ser sometida a consulta libre, previa e informada, tal como lo establecen la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Mientras el Gobierno de Alfredo Cornejo asegura que el “espíritu de la ley sigue vigente” y que se convocará a las comunidades, hasta ahora las voces huarpes no han sido protagonistas del debate. Las organizaciones exigen ser escuchadas antes de que avance una modificación que, en sus palabras, “pretende negar siglos de historia, resistencia y derecho”.