El Senado avanza con cambios clave para ampliar el uso productivo de tierras estatales en Mendoza. La Legislatura vuelve a analizarlo en profundidad.
El proyecto que estudia la Legislatura también se prevé que, en casos de proyectos con impacto social o territorial, el precio de adjudicación pueda reducirse hasta un 75% del valor oficial
La norma permitirá destinar tierras fiscales no sólo a actividades agropecuarias, sino también a proyectos industriales, turísticos y comerciales. El objetivo es impulsar el desarrollo territorial y económico en zonas rurales. La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial retomó el análisis del proyecto que busca ampliar el uso productivo de tierras estatales.
La iniciativa, impulsada por el senador radical Walther Marcolini, vuelve al recinto luego de ser modificada en la Cámara de Diputados, donde recibió importantes ajustes para mejorar su aplicabilidad.
El nuevo texto propone modernizar una ley que rige desde 1982, flexibilizando los destinos posibles para tierras estatales y permitiendo su adjudicación no sólo para fines agropecuarios, sino industriales, comerciales, turísticos, sociales y deportivos. La medida apunta a dinamizar la economía en sectores rurales y periurbanos con nuevos polos de desarrollo y oportunidades para emprendedores.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto actualizado es la ampliación del objeto de la ley, que ahora reconoce la posibilidad de usos múltiples de las tierras públicas. Además, se incorporaron mecanismos de evaluación técnica del valor de los terrenos, que deberán ser realizados por organismos especializados, asegurando criterios objetivos.
También se prevé que, en casos de proyectos con impacto social o territorial, el precio de adjudicación pueda reducirse hasta un 75% del valor oficial, medida pensada para impulsar emprendimientos en zonas vulnerables o con baja densidad de inversión.
Otro aspecto central es la vinculación con la Ley de Ordenamiento Territorial, lo que garantiza que los usos autorizados respeten las políticas de planificación urbana y rural del Gobierno provincial. Además, se moderniza el régimen de extinción de adjudicaciones para permitir que el Estado recupere los inmuebles en casos de incumplimiento contractual, reorganizando así el antiguo capítulo de recesión.
Según el proyecto, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado —dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial— será la autoridad encargada de identificar, clasificar y adjudicar las tierras disponibles. Estas podrán otorgarse por licitación pública, concursos de antecedentes y precios, o adjudicación directa en situaciones especiales.
Podrán acceder personas humanas mayores de edad sin antecedentes penales, y personas jurídicas con planes de inversión. Quedan excluidos funcionarios jerárquicos, sus familiares hasta segundo grado, y empresas en las que estos participen.
Además, la normativa establece la publicidad obligatoria de las adjudicaciones, garantizando transparencia mediante el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El texto también contempla la posibilidad de destinar remanentes de tierra a la formación de polos industriales o turísticos, o incluso núcleos urbanos, permitiendo la transferencia sin cargo de superficies para calles e infraestructura básica.
Por último, la ley deroga la antigua Ley 4711, que regía antiguos planes de colonización ya obsoletos.